Abogacía del Estado

El Estado colombiano a lo largo de los años ha sido víctima de pleitos arreglados que lo han ido arruinando. Defensas débiles, jueces y funcionarios —torpes o venales—, se confabulan para que el Estado pierda los procesos judiciales.

Según cuentas oficiales, el pasivo contingente en contra de las finanzas públicas rondaría los 500 billones de pesos. La suma puede llegar a un monto entre el 12 % y el 17 % del producto interno bruto (PIB) anual. Sería impagable.

La Ley 1444 de 2011 —la misma que reordenó los ministerios— creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación con el fin de proteger los intereses litigiosos de la Nación y evitar que las mafias de litigantes sigan desangrando el patrimonio público.

La reciente designación de Fernando Carrillo como director de esa nueva entidad es una evidencia de la trascendencia que tiene el asunto para el gobierno del presidente Santos. Carrillo, jurista serio y profundo, exministro de Justicia y funcionario exitoso del BID, tiene a su cargo una tarea quijotesca.

No se trata simplemente de evitar nuevas condenas, sino de crear una cultura de responsabilidad en la administración pública frente a los juicios que afronta. Es tan dañina la dejadez como la defensa obcecada.

La justa cruzada para proteger el patrimonio de la Nación no puede llegar al extremo de soslayar que el Estado colombiano padece la lamentable realidad de que sus funcionarios, por acción o por omisión, generan daños inmensos a los particulares. A pesar de que el ordenamiento jurídico prevé que esos funcionarios tienen que responder con su patrimonio, el Gobierno estima que en menos del 2% de los casos de condenas a la Nación se ha ejercido la acción de repetición en contra de los funcionarios responsables.

Desafortunadamente, la misma legislación propicia que no pueda develarse en un juicio, mediante interrogatorio de parte, la torpeza o venalidad de los funcionarios públicos. El artículo 199 del Código de Procedimiento Civil excusa la declaración de los representantes de las entidades públicas y permite que se agazapen en un informe escrito que es casi imposible de ser rebatido por la contraparte. Se necesita una urgente reforma legal al respecto.