Por: María Elvira Samper

Adueñarse de las víctimas

Que Francisco Santos está en campaña, no hay duda.

El exvicepresidente no oculta  la convicción de que, cualquiera que sea el mecanismo que decida el Centro Democrático para escoger su candidato a la Presidencia, él se llevará la camiseta amarilla para disputarse la primera magistratura con su primo hermano el presidente Santos, si éste decide optar por la reelección. Dicho esto, y a propósito de las polémicas vallas que el precandidato puso en algunas ciudades, está abierto el debate sobre si son  propaganda política —sólo permitida tres meses antes de las elecciones— o si más bien se trata de asunto relativo a la libertad de expresión.

El Consejo Nacional Electoral tiene la última palabra, pero creo que las vallas donde aparecen enfrentadas las imágenes del narcotraficante Pablo Escobar y del negociador de las Farc Iván Márquez no son publicidad política en el sentido estricto de los términos, pues como señala el propio Santos, él aun no es candidato y —agrego yo— en ellas no figuran  invitaciones a votar por él, sino dos frases bajo las cuales se lee su nombre: “Adivine quién ha matado más policías” y “Queremos la paz sin impunidad”.

Es evidente que las vallas obedecen a una estrategia de provocación, cuyo fin es llamar la atención, objetivo que lograron. Pero independientemente de si el CNE las considera o no propaganda política, y del hecho cierto de que Santos es una víctima y fundó País Libre para trabajar por las víctimas del secuestro, me parece ofensivo  que pretenda asumir su representación, y que las utilice como mascarón de proa con fines  políticos: torpedear el proceso de La Habana.

No se trata de impedir  la crítica, ni de negar  la validez de los interrogantes  que rodean las conversaciones con las Farc. Como el exvicepresidente Santos, millones estamos convencidos de que no es viable  un proceso de paz que no tenga a las víctimas como uno de sus pilares, pues no puede haber reconciliación  sin reparar las injusticias cometidas con ellas, injusticias que comprometen a las dos partes en la mesa de negociación.

No obstante, como la memoria es flaca y este país padece de amnesia crónica, conviene recordar que Santos fue el coequipero del presidente Uribe, quien en 2009 ordenó a sus aliados en el Congreso hundir la Ley de Víctimas con los argumentos de que constituía una grave amenaza para la seguridad democrática y de que no había billete. Por eso me parece oportunista, burdo y francamente inaceptable que el precandidato y su mesiánico mentor ahora pretendan apoderarse de la bandera de las víctimas para hacer política, porque si hoy ellas son visibles y tienen voz no es precisamente por obra y gracia del uribismo, sino a pesar del mismo. Ha sido en virtud de sus propias luchas y del coraje para organizarse —con apoyo de organizaciones de derechos humanos, de sectores sociales y de algunos partidos—, que las víctimas han ganado un espacio —aun precario— para hacerse oír y reclamar sus derechos, y para mantener viva la memoria de sus muertos y de todas las formas de violencia que han sufrido. Adueñarse de ellas para sabotear los intentos del Gobierno de llegar a un acuerdo con las Farc para poner fin al conflicto —que Uribe también buscó— traspasa la línea de la corrección ética. Pero, claro está, la ética no es virtud de la política.

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