Por: Jaime Arocha

Afrodesarrollo

El primer Congreso Nacional autónomo del Pueblo Negro en Colombia fue entre el 23 y el 27 de agosto de 2013.

En Quibdó organizaciones presentaron borradores para reglamentar aquellos capítulos de la Ley 70 de 1993 que —vergonzosamente— aún siguen sin aplicar. La relatoría sobre el Capítulo VII —“Planeación y Fomento del Desarrollo Económico y Social”— incluye principios y propuestas que ponen en tela de juicio el modelo de monocultivos agroindustriales formulados como única vía hacia el desarrollo, revitalizada por el nombramiento como ministro de Agricultura de un palmicultor cuyas alianzas con los agricultores son objeto de alabanza.

De los principios, resalto los tres que se refieren al SER. Primero, para reafirmarlo a partir de una noción de “Pueblo incluyente”, que vaya más allá de la de “comunidades negras” y, además, asuma “la herencia de [quienes fueron arrancados…] de África en la avanzada de lo que fue la base del desarrollo capitalista”. Segundo, como presencia espacial para la salvaguardia del medio natural, a partir de legados ancestrales y como responsabilidad con las generaciones venideras, y en tercer lugar, como ejercicio orientado por la legislación nacional e internacional, en lo que respecta tanto a la reparación histórica por el crimen de lesa humanidad que implicó el cautiverio de las personas en África y su esclavización en otros lugares del mundo, como al derecho a la consulta previa, libre e informada.

De la propuesta de articulado realzo la referente al artículo 49 por la prioridad que le da a la representación comunitaria en el “diseño, ejecución y coordinación [del…] desarrollo económico y social que adelante el Gobierno y la Cooperación Técnica Internacional”. Busca que las propuestas sean consecuentes con “la preservación del medio ambiente y la conservación y cualificación de […] prácticas tradicionales de producción”, a partir del supuesto de que entidades como Colciencias están en capacidad de darles énfasis a “proyectos de investigación relacionados con la gente de ascendencia africana”.

Por su parte, el artículo 50 destaca investigaciones sobre recursos naturales, conocimiento ancestral e investigaciones para la vida [y…] no sólo para el desarrollo económico y social que dicta el capitalismo”. Propone la “creación de un instituto de estudios afrocolombianos [que] asuma de manera integral las problemáticas urbanas y rurales”, y materialice aquellas aspiraciones que contempla el artículo 54, como la salvaguardia de “variedades vegetales o conocimientos con respecto al uso medicinal, alimenticio, artesanal o industrial de animales o plantas de su medio natural”, o la de declarar que “los territorios afros [sean] libres de transgénicos [y…] monocultivos agroindustriales [dónde más bien…] se rescaten las semillas ancestrales” y cuyos “médicos tradicionales [sean…] adscritos a los hospitales y centros de salud que están en los territorios, con igual salario”.

Lo más probable es que la administración Santos considere que este tipo de posibles estatutos resultan de la infiltración y no de las aspiraciones de los pueblos negros. La consecuente descalificación acarreará olas adicionales de protesta.

 

 

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