Por: Álvaro Forero Tascón

Al fin va a entrar en vigencia toda la Constitución

Cuando bajen las aguas del escándalo de la corrupción quedará la pregunta: ¿cómo canalizar la indignación ciudadana, cómo tomar remedios de fondo?

Una constituyente seguramente será la respuesta de muchos, buscando aprovechar la insatisfacción ciudadana para reformar la justicia. A ello contribuirá el ánimo que se ha apoderado de los sectores conservadores en el mundo —en apariencia contestatario, pero realmente reaccionario— de voltear la mesa. Sienten que perdieron el control de su destino a mano de reformistas débiles frente al terrorismo, la inmoralidad, la competencia internacional y la inmigración inferior, y que para retomarlo tienen que recobrar el control de la justicia, y especialmente de las altas cortes, que han sido las únicas capaces de detener al populismo autoritario o caudillista, como está comprobando el presidente Trump.

La respuesta podría estar en aplicar la Constitución del 91, que no se ha implementado completa todavía. Porque el objetivo principal de la Constitución era la paz, y los 25 años posteriores a su expedición fueron los más violentos del conflicto armado. Que la guerra y no la paz fuera el paradigma nacional en el cual tuvo que arrancar la nueva Constitución dificultó la aplicación de mecanismos dirigidos a abrir y profundizar la democracia. La Constitución es reformista, y en las guerras los valores que predominan en la sociedad son los de la supervivencia, por lo que se privilegia la autoridad y la tradición sobre los derechos y el cambio. Por eso hubo momentos del país en que se acusó a la Constitución de ser para ángeles, de carecer de mecanismos prácticos para enfrentar la violencia y la corrupción. Después del gobierno Gaviria se frenó el ímpetu reformista que traía la sociedad colombiana, y se dio pasó al manejo de la crisis política del Proceso 8.000 primero, y luego de las crisis económica y de seguridad.

La guerra y el énfasis en la autoridad monopolizaron la agenda nacional, y con ello bloquearon el principal instrumento que tenía la nueva Constitución para combatir la corrupción y la politiquería. La gran pregunta es si con la paz va a entrar en vigor de manera efectiva la democracia participativa. Tiene a su favor que coincide con un momento de mucha agitación ciudadana, y en que la opinión pública siente la necesidad de controlar a la clase política para poder atajar la corrupción. También que el fin del conflicto con las Farc sacará a flote muchos de las tensiones sociales de la periferia nacional, lo que impulsará a que una vez agotadas las vías de hecho de la protesta social, éstos terminen canalizándose por mecanismos de participación ciudadana.

La realidad está mostrando las dos caras de la democracia participativa: su debilidad ante el populismo y la posverdad en el plebiscito por la paz, pero también que ante la falta de reformas contra la corrupción por parte de la clase política, no queda otro camino que usar mecanismos ciudadanos como el referendo. Porque en una constituyente terminarían saliendo elegidos buena parte de los mismos. Claudia López lo entendió primero, pero seguramente los demás candidatos presidenciales la copiarán proponiendo cada uno su referendo.

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