Al oído de Samper

Desde la firma de su tratado constitutivo en 2008, la Unión de Naciones Suramericanas se ha destacado por su agilidad y habilidad a la hora de mediar en distintas crisis institucionales y vecinales que se han presentado en la subregión.

Pese a los diversos intereses políticos que motivaron la creación de este organismo —entre ellos resolver los problemas latinoamericanos por medios propios, fomentar la identidad colectiva y contrarrestar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio—, el común denominador de sus acciones ha sido garantizar el orden constitucional democrático y dirimir los conflictos nacionales y regionales.

Para esto, el padrinazgo/madrinazgo presidencial de Unasur ha sido fundamental. En los casos del conflicto interno en Bolivia (2008), las tensiones diplomáticas entre Colombia, Ecuador y Venezuela (2008-2010), el acuerdo sobre las bases militares estadounidenses en Colombia (2009), el aparente intento golpista en Ecuador (2010) y la destitución de Fernando Lugo en Paraguay (2012), la capacidad de intervención de “tú a tú” de los/las jefes de Estado se constituyó en uno de sus puntos más fuertes. Por más corto que fuera el paso de Néstor Kirchner por el organismo, su gestión como primer secretario general reforzó esta tendencia al dotarlo de “dientes” similares para actuar de forma proactiva. Dicha intencionalidad acompañó también la designación unánime de Ernesto Samper en el cargo el año pasado, en momentos en los que Unasur parecía languidecer en comparación con el dinamismo de sus primeros años de funcionamiento.

Sin duda, la crisis en Venezuela es el escenario en el que tanto el exmandatario colombiano como la Unión juegan su legado político. Más allá de su sentido de persecución por parte de Washington, Samper es un político astuto y socialdemócrata, no le debe su cargo a Nicolás Maduro e inspira confianza. En teoría, ello le da margen suficiente para sentarse con el presidente venezolano y aconsejarle unos mínimos. Estos comenzarían por la garantía del derecho de manifestación, la prohibición del uso excesivo de la fuerza y el fin de las detenciones arbitrarias, señalados en una carta firmada por 33 ONG de derechos humanos de todo el continente, ad portas de la reciente visita del secretario general y los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador a Caracas.

Ante la declaración de emergencia nacional por el “riesgo extraordinario” que plantea la situación venezolana a la seguridad de Estados Unidos y la previsible utilización de ésta por parte de Maduro para extremar distintas medidas restrictivas del Estado de derecho y las libertades civiles en el interior del país, la gestión proactiva de Unasur se torna aún más urgente. El rechazo hecho por su secretario general a “cualquier intento de desestabilización democrática que se presente en Venezuela” y la invitación a que la oposición participe en las elecciones legislativas de septiembre de forma pacífica y dentro de la Constitución, contrastan con su silencio sobre la violación progresiva de los derechos humanos por parte del Gobierno. Además de hacerle el juego a Maduro, quien sostiene que la “guerra económica” y la “conspiración imperialista” —y no la torpeza política y la corrupción— son fuente central de la ingobernabilidad y el descontento actual de la población, la posición ambigua de Unasur corre el riesgo de anular su capital político como mediador independiente y democrático en América Latina.