Aportes a la paz

Rodolfo Arango
05 de septiembre de 2012 - 10:59 p. m.

Bienvenidas las declaraciones del presidente Santos y del comandante Timochenko al poner en marcha el proceso para finalizar el conflicto armado. El país está esperanzado en una paz pronta y duradera, que permita superar la crueldad de la guerra y restañar las heridas.

Las partes son responsables de no defraudar las altas expectativas. El presidente también ha acertado en la escogencia de los negociadores, personas serias y calificadas que representan a grupos de poder real en la sociedad, garantizando así la estabilidad y durabilidad del acuerdo. Pero faltan los partidos políticos y los sindicatos, entre otros, como ha anotado con acierto Carlos Gaviria Díaz.

La solución al problema agrario, además de asegurar acceso y goce de la tierra a los campesinos y desplazados, debe incluir la regionalización del país. La ley orgánica de ordenamiento territorial sigue siendo una promesa incumplida desde 1991. La recuperación del campo para la población rural pobre y urbana desplazada debe fortalecer la independencia de los alcaldes respecto de gamonales y grandes terratenientes, como lo ha sugerido el sociólogo del derecho Mauricio García Villegas al mencionar el caso de Francia. Muy oportuna también la decisión del exministro Frank Pearl de proteger el Amazonas de la explotación minera. De seguro su inteligente sucesor, Juan Gabriel Uribe, sabrá asesorarse de los excelentes expertos en el ramo, como Ernesto Guhl, Manuel Rodríguez o Julio Carrizosa, entre otros.

La reparación de las víctimas no debe olvidar los sentimientos morales. Es necesario superar el odio, el resentimiento, la culpa y la vergüenza, sin negar la verdad de lo ocurrido y asumiendo cada cual su responsabilidad. La reconciliación supone aprender a vivir en democracia, a discutir maduramente, sin agravios que impidan la búsqueda común del bienestar colectivo. Las luces de los profesores como Nussbaum, Baier, Mockus y Elster, que se han ocupado del progreso moral por vía de los sentimientos, son invaluables. Las experiencias acumuladas de los movimientos de víctimas, de mujeres, de Colombianos y Colombianas por la Paz y del Grupo de Memoria Histórica son igualmente valiosas para avanzar en el proceso.

El negocio ilícito de las drogas y la reinserción efectiva pasan por la realización de los derechos sociales, económicos y culturales. Si las personas desempleadas tienen un ingreso digno y oportunidades de trabajo y desarrollo personal, gozarán de menos incentivos para pasar a la ilegalidad. La recuperación de lo público, mediante el fortalecimiento del servicio civil para instaurar una administración pública de calidad en el país, nos permitiría superar la cultura del compadrazgo y de la palanca, propia de un Estado premoderno. Los vergonzosos ejemplos dados por los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al apoyar al procurador Ordóñez en sus ambiciones reeleccionistas pese al evidente conflicto de intereses, y por el alcalde Petro, al cambiar los manuales de funciones para dar acceso a la función pública a sus seguidores, ahondan el mayor mal que aqueja a nuestra sociedad: la inequidad. La igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos es un principio fundamental de justicia que está en la base de las democracias constitucionales contemporáneas. Mientras se profesionaliza la administración pública, vale la pena divulgar en las redes sociales y la opinión pública los nombres de todos aquellos que no respeten la igualdad de oportunidades, empezando por los arriba citados y los congresistas electores; de esta forma la población podría identificar y quitarles su representación a quienes, vestidos de probos servidores, defienden en realidad intereses particulares.

 

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