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Opinión 4 Oct 2012 - 11:00 pm

Editorial

El precio de una promesa

Cuando el Alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, era candidato para las elecciones de la ciudad, una de sus propuestas de campaña era acabar con las mafias que acechaban al Distrito y que venían desangrando sus finanzas.

Por: Elespectador.com
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La promesa venía respaldada por la legitimidad que el hoy alcalde había ganado a través de sus luchas contra la corrupción en otros espacios de la gestión pública.

Este diario ha denunciado durante toda la semana los manejos irregulares en los colegios privados, contratados por el Distrito o dados en concesión, que prestan educación básica y media vocacional a los niños de escasos recursos que se quedan sin un cupo en las instituciones oficiales. Por un asunto de mera oferta y demanda, en el momento en que el Distrito no pudo dar abasto a través de los colegios que dirigía, paralelamente se fueron creando instituciones privadas que ofrecían los cupos faltantes. Colegios pequeños, construidos en casas de barrio, fueron emergiendo.

Hace muchos años, el entonces alcalde, Enrique Peñalosa, ideó junto con su secretaria de Educación, Cecilia María Vélez, una solución para la crisis deficitaria que había en varias localidades de Bogotá: contratar a esos colegios nacientes y asignarles a los estudiantes que estuvieran aún sin cupo en las entidades del Distrito. Una jugada inteligente que, de hecho, en muchos casos ha reportado efectos positivos a nivel de cobertura educativa y también de calidad.

El riesgo era que al girar cuantiosos recursos a esos colegios, sin controles específicos –como se hizo–, un poco a la loca, aparecieran las prácticas amañadas e indecentes de rectores, profesores y funcionarios. Y así sucedió, según se ha visto en los informes publicados esta semana por El Espectador. El mercado y la avaricia le ganaron fácilmente a la educación, dejando a muchos colegios (no todos) con altos índices de hacinamiento, plantas físicas deterioradas, preocupantes y peligrosas deficiencias en cuanto a la seguridad de los niños y bajos salarios a los trabajadores que redundan en una bajísima calidad educativa. ¡Un desastre!

Ahora, la valiente María Elvira Carvajal, directora de Cobertura de la Secretaría de Educación Distrital –SED–, ha decidido ponerse los pantalones e investigar, colegio por colegio, el fantasma del “carrusel de la educación en Bogotá” que, se sospechaba, había en este sistema de contratación por cupos. Siempre presente estaba también la sospecha de cuotas de algunos concejales en la repartija de contratos y cupos, pero nunca aparecieron las pruebas ni las acciones para confirmarla y detenerla. Trece años tuvo el cáncer para expandirse, más de una década para que las prácticas se revistieran de ilegalidad, de sobornos, de lucro a costa de un derecho de la población. Si bien no todos los colegios tienen este problema, sí se trata de una enfermedad que ha hecho metástasis en muchos de ellos.

Al margen de que la ciudad no pueda brindarles a muchos de sus niños una educación de calidad y digna, sin mafias que la controlen por detrás, está muy bien que la SED denuncie y ponga en el ojo del huracán a los involucrados. Lo que resulta muy preocupante es que cuatro funcionarios estén hoy amenazados y, peor, que no tengan un esquema de seguridad cuando valientemente han denunciado este perverso manejo.

Lo más fácil es echarle ahora la culpa al esquema de concesión y contratación privada. Sería una manera muy inconveniente de “matar el tigre y asustarse con la piel”. Es hora, más bien, de ir hasta el fondo, así haya que enfrentarse a intereses cercanos, como los de ciertos concejales que, no obstante apoyar a la administración, deslegitiman su labor al estar relacionados con este espantoso carrusel de la educación. Es una tarea más difícil, sí, pero que de verdad ataca el problema. Ese es el precio de una promesa, alcalde Petro: no sólo la responsabilidad de cumplirla, sino de prever y actuar en consecuencia por sus daños colaterales.

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