Las leyes y las mujeres tienen relaciones conflictivas

Foto tomada de: nosotraslasjuanas.blogspot.com

Cuando Rosario se enteró de que finalmente el Ministerio de Salud había expedido un decreto que reglamentaba el suministro de habitación y alimentación provisional para mujeres víctimas de violencia y para sus hijos e hijas, se puso feliz. Por fin podría denunciar a su agresor y tendría un apoyo para alejarse de él de manera que su vida y la de su familia no corriera peligro.

Hace dos años lo había denunciado después de que él la “cogió a golpes” al llegar a casa y no encontrar la comida caliente. Pero su sorpresa fue grande cuando en la Comisaría de Familia, luego de escucharla, le entregó una boleta de citación para que ella misma se la diera a su marido. Ella, sabiendo que si lo hacía iba a exponerse a otra golpiza o a algo peor, salió de la Comisaría, arrugó el papel de citación, lo rompió en muchos pedazos y lo tiró en una caneca de basura que encontró a su paso. El comisario, al ver que ella no volvía a presentarse, comentó que seguramente ya se habían reconciliado, que ahí estaban pintadas las mujeres, y archivó la solicitud.

De todas las disposiciones de la ley 1257 de 2008, que creó un marco para que el Estado asumiera su responsabilidad de prevenir, proteger, atender y reparar a las mujeres víctimas de violencias y de sancionar a los agresores, una de las más potentes es la medida de atención consistente en el suministro de un lugar de habitación y de recursos para alimentación para quienes por hacer la denuncia corrieran un mayor peligro. En efecto, en países como Colombia, la dependencia económica de muchas mujeres cuyo trabajo en el hogar no es remunerado ni reconocido socialmente, ha sido una de las principales razones para que aguanten toda una vida de violencia por parte de su agresor, quien es a la vez el único proveedor económico en el hogar.

El cumplimiento de esta medida fue obstaculizado desde que salió la ley. Inmediatamente fue demandada ante la Corte Constitucional, la cual después de una seria reflexión sobre el carácter expansivo e integral del derecho a la salud, así como de ratificar el hecho de que la violencia contra la mujer es un problema de salud pública, lo declaró constitucional. Fue necesario que transcurrieran más de 3 años para que el Ministerio de Salud finalmente reglamentara esta medida.

No obstante, la manera como está concebido el Decreto 2734 de 2012, que reglamenta este derecho, en lugar de crear un mecanismo expedito, obliga a las mujeres y a las instituciones a realizar una serie de trámites tan largos y complicados que desvirtúan su carácter de urgente, restándole toda efectividad al dar lugar a que la mujer y sus hijos e hijas sean agredidos o asesinados una vez el denunciado se entere. Al respecto, es preciso tener presente que de acuerdo con datos de Medicina Legal, en promedio, una mujer es asesinada en el país cada tres días por parte de su pareja o expareja.

Si el Estado colombiano quiere proteger efectivamente a las mujeres que se decidan a denunciar a sus agresores, es necesario que el decreto del Ministerio de Salud sea modificado previendo un procedimiento sencillo que permita a las autoridades responsables adelantar acciones inmediatas.

*Miembro de la Red Nacional de Mujeres y de la Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias.