Centenares de usuarios han tenido que vivir un verdadero viacrucis que aún no termina y que los tiene desesperados, luego de la decisión de liquidación voluntaria del programa “Plan Obligatorio de Salud-POS” por parte de Colpatria Salud.
A varios no les llegó la comunicación, otros recibieron una que les indicaba que serían trasladados a la Nueva EPS y que si querían trasladarse a una EPS diferente tendrían un plazo de 45 días, a partir de 1º de mayo, para hacerlo. Finalmente quienes estaban afiliados a planes de medicina pre pagada recibieron, a través de los asesores comerciales, la sugerencia de trasladarse a Famisanar EPS o a Salud Total EPS.
Este último grupo es el que más tropiezos ha tenido que enfrentar pues, además de haber tenido que tramitar formularios como si fueran a afiliarse por primera vez al sistema, se han encontrado con la sorpresa de que un gran número de ellos ha sido rechazado por la EPS, aduciendo diferentes motivos, pero llama la atención que se trata de las personas de mayor edad, de enfermos crónicos y de alto costo o de trabajadores independientes. Otros, luego de varias semanas, no han recibido respuesta alguna, de manera que también se encuentran en un limbo con su afiliación.
Es increíble que estas cosas sucedan y que las autoridades de vigilancia se vean particularmente distantes ante la situación de millares de afiliados. Hay que recordar que los ciudadanos estamos afiliados al Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y no a una EPS en particular, éstas son administradoras de los planes, por lo que si una de ellas se retira, el traslado a otra debe ser totalmente automático, sin nuevos formularios y solicitudes y sin que la EPS pueda realizar selección de ningún tipo, ni rechazar a nadie. Esto es lo mínimo que los ciudadanos esperan que la Superintendencia de salud garantice a quienes de manera totalmente involuntaria han tenido que atravesar por esta situación. Sin embargo, por ninguna parte se ven acciones para proteger los derechos de los usuarios.
Otra situación que ha causado sorpresa es la que tiene que ver con la intervención de Saludcoop. Hace pocos días, con motivo de los problemas de atención que se presentaron en las instalaciones de la clínica de esa EPS en Bogotá, vinimos a enterarnos de que las clínicas no están intervenidas, ya que la intervención se limita a la EPS. Qué tal la sorpresa, lo que está intervenido es el cascarón, pero las clínicas que, según se ha dicho, se construyeron con los dineros del sistema, permanecen incólumes en manos de particulares, que además están prestando una atención deficiente, que ha motivado la protesta airada de los enfermos.
Para los ciudadanos es difícil entender cómo la intervención no cobija a las clínicas: ¿Acaso fueron construidas por particulares con sus recursos propios y no tenían nada que ver con lo que pasaba en la EPS? Si así fue, la opinión pública debería haber sido informada de que se trataba de algo totalmente diferente y por lo tanto no podía ser objeto de la intervención. Pero en el caso contrario también se requiere una explicación de por qué durante todo este tiempo, en que todos suponíamos que estaban cobijadas por la medida, han continuado tan campantes.
Estos son apenas un par de ejemplos de situaciones que vivimos todos los días y que constituyen argumento contundente a favor de la reforma estructural que se requiere para evitar que cosas así sigan ocurriendo. Pero mientras se surte el trámite de la reforma es necesario que las autoridades estén vigilantes y actúen efectivamente para impedir atropellos a los ciudadanos y para garantizar el buen uso de los recursos.