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Es preocupante para el País y nuestro sistema Bancario y financiero, que entidad tan reconocida nacional e internacionalmente, como el Banco Popular, se preste para cometer abusos con sus clientes, que con falsedad y adulteración de documentos, algunos de sus funcionarios no tienen la mas mínima vergüenza de robar, la tranquilidad y la honra de una distinguida familia, que desde hace 18 años viene padeciendo todo tipo de inequidades sociales y penurias económicas.
El caso que a continuación me permito denunciar, espero sea acogido en primera instancia por su presidente doctor Hernán Rincón Gómez, - quién a pesar de tener conocimiento de asunto tan delicado, ha hecho caso omiso para buscar solución concreta y verdadera -, antes de escribir esta crónica fueron dos las reuniones con el señor secretario general del Banco, Orlando Lemus Gonzalez y el vicepresidente Rómulo Orjuela, quiénes insisten en que la familia Gutierrez debe pagar los dineros producto de la estafa cometida por los anteriores dueños de Arptint de Colombia Ltda en contubernio con funcionarios del Banco Popular:
Todo empezó en el año de 1.997, cuando el Mayor General (R) del Ejército Marino Gutierrez Isaza, junto con su señora esposa e hijo, aceptaron ser socios de la llamada empresa: Arprint S.A, anteriormente: Arprint de Colombia Ltda e Intercauchos y Cauchope, firmas que al verse en apuros económicos resolvieron fusionarse con el nombre de: Arprint S.A, pero que para evitar que su desastrosa imagen comercial saliera a la luz pública, no tuvieron inconveniente en idearse una asamblea ficticia adulterando actas de liquidación y de fusión, puesto que era la mejor forma de atraer nuevos socios y así lograr créditos bancarios a través del Banco Popular con la complicidad de algunos gerentes y directivos.
Una vez lograda la fusión de las tres empresas anteriormente relacionadas, los hermanos: Ramón y Daniel Nova Pradilla, como directivos de la nueva empresa: Arprint S.A., empezaron a buscar nuevos socios capitalistas y fue así como lograron enganchar al Mayor General (R) del Ejército Marino Gutierrez Isaza, su señora Esposa e Hijo, entre otros.
En coordinación con el gerente regional del Banco Popular, Marco Fidel Urbano Franco y la gerente de la sucursal de la calle 14 con carrera 8ª, Miryam Ramirez de Peña, se organizaron un aserie de actividades sociales con el fin de exponer los proyectos de desarrollo industrial y comercial de la empresa Arprint S.A., a los nuevos socios.
Fue así como el Mayor General (R) Marino Gutierrez y su hijo Jorge Ricardo, convencidos de las bondades de la nueva empresa, firmaron sin darse cuenta dos pagarés en blanco por la suma de US$56.000.oo con fecha: 18 de Abril – 97 y 30 de Abril -97.
Con fin de comprometer mas al Mayor General (R) Gutierrez y su familia, los estafadores idearon la forma de meter dentro de su paquete de estafa dos apartamentos de su propiedad, logrados con esfuerzo y sacrificio durante los 37 años de servicio al Ejército Nacional, el gerente de la regional del Banco Popular Marco Fidel Urbano Franco, en menos de 72 le otorgó un crédito por la suma de cuarenta millones de pesos, con el fin de que deshipotecara de Davivienda uno de sus apartamentos y a su vez lo hiciera en primer grado al Banco Popular por cuantía ilimitada.
Tanto las primeras cuotas de los pagarés mencionados, como el préstamo fueron cancelados con toda rigurosidad por la familia Gutierrez. Este mismo modus operandi utilizó el Banco Popular con los demás socios que también se dejaron convencer de las argucias de tan hábiles estafadores en complicidad con funcionarios del Banco Popular.
Toda la patraña empezó a descubrirse cuando los nuevos socios, ante la no productividad de la empresa Arprint S.A., empezaron a investigar, llevándose la gran sorpresa que el capital aportado había ido a parar a la antigua empresa: Arprint de Colombia Ltda, la que según sus promotores en complicidad con los ya mencionados funcionarios, había sido liquidada, cuando la verdad monda y lironda fue la gran patraña para estafarlos. Es decir, que estos aportes fueron desviados a la anterior empresa de los hermanos: Ramón y Daniel Nova Pradilla.
Ante esta situación tanto la familia del General (R) Marino Gutierrez, como los demás socios se consideraron estafados y se dieron cuenta que todo había sido una patraña orientada a cancelar las deudas de imposible cobro que la anterior empresa, tenía con el Banco Popular, todo esto en confabulación con funcionarios, que para nuestro concepto incurrieron además de estafa y otros delitos, en el de: Concierto para Delinquir.
A partir de este descubrimiento, es donde empieza la familia Gutierrez a padecer: en primera instancia fueron reportados a las centrales de riesgo y demandados civilmente por el Banco Popular, proceso que correspondió al Juzgado 25 Civil del Circuito, que para sorpresa nuestra, el banco si presentó los pagarés debidamente diligenciados, esto con el fin de evitar que el proceso posteriormente se cayera. Pero que de acuerdo a las evidencias dentro del proceso, todo se ha ido descubriendo como una clara adulteración de los pagarés, motivo del presente lío judicial, orquestado por funcionarios del Banco Popular.
Con el fin de aclarar tan incómoda situación ante la Justicia, la familia Gutierrez contrató los servicios profesionales del reconocido grafólogo: Pedro José Galindo Ropero, quién después de una exhaustivo análisis conceptuó que los Pagarés medio de pago son: falsos por adición, en la misma forma se pronunció el mejor grafólogo que hay en Colombia doctor: Rodolfo Valero y Borras. Sin embargo, para hacer todo dentro del proceso y que el mencionado estudio grafológico fuera realizado por un auxiliar de la Justicia, el Juzgado 25 Civil del Circuito nombró al doctor Sigifredo Torres Salcedo, quién llegó a la misma conclusión de los grafólogos anteriores, no obstante la nula colaboración que le prestaron los funcionarios del Banco Popular de la calle 14, según deja constancia en informe especial.
Sospechosamente el Juzgado 25 Civil del Circuito, ha hecho caso omiso de los análisis grafológicos realizados a los pagarés, sin tener en cuenta tampoco las evidencias que le detalló el perito en relación a la nula colaboración del Banco Popular Sobre este asunto, que a todas luces continúa defendiéndose de semejante anormalidad administrativa, financiera y delincuencial.
Pero hay algo más aberrante y es que los funcionarios del Banco Popular cuando fueron citados al Juzgado para hacer la presentación de los documentos adulterados por ellos mismos, manifestaron sin ningún rubor ni vergüenza que “habían sido incinerados”.
En los actuales momentos los dos apartamentos de la familia Gutierrez se encuentran embargados y listos para ser rematados, pero como manifestó personalmente el secretario general del Banco Popular Orlando Lemus González, no lo habían hecho por consideración con el Mayor General (R) Marino Gutierrez Isaza.
Finalmente el proceso se encuentra para Casación ante la Corte Suprema, esperamos que en esta última instancia se haga verdadera justicia, que el Honorable Magistrado a quién correspondió el estudio del expediente realice la evaluación rigurosa de los pagarés que motivaron semejante lío judicial a una familia honorable, todo orquestado por el Banco Popular. Diferentes medios de comunicación haremos el respectivo seguimiento a este proceso.
Da asco y vergüenza que entidad financiera de tanta trayectoria tenga estos comportamientos tan criminales, lo que aquí decimos no son inventos, están los documentos y soportes correspondientes listos para ser presentados a donde sea necesario.
Esperamos con urgencia que la Señora Superintendente Bancaria, se pronuncie sobre este vergonzoso caso, que estamos absolutamente seguros que con esta denuncia van a ser muchos más contra la misma entidad Bancaria.