Por: José Fernando Isaza

Biodiésel

La última edición de Scientific American tiene un preocupante artículo sobre la producción de biodiésel que utiliza la palma africana como materia prima; en sus palabras: “El apetito mundial creciente por el aceite de palma barato está destruyendo la selva húmeda y amplificando los efectos del cambio climático”. Un estudio realizado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) concluye que “el biodiésel derivado del aceite de palma no cumple los requisitos de los combustibles renovables”. Por supuesto, los productores no se quedaron quietos y contrataron costosos y prominentes lobistas para controvertir este resultado.

En Colombia el gobierno anterior les otorgó generosos subsidios a través de la eliminación de impuestos al biodiésel y al etanol. Dependiendo de la metodología empleada, el subsidio puede llegar a los $900.000 millones anuales y es creciente. Algunos de los pocos beneficiados no fueron desagradecidos, su participación “ideológica” y financiera en la campaña reeleccionista y birreeleccionista prueba el anterior aserto.

A diferencia de las plantaciones de palma en Indonesia, en Colombia no todo se siembra arrasando bosque tropical húmedo; en algunas zonas la producción se realiza en sabanas reduciendo así el impacto ambiental. No puede decirse lo mismo de las siembras en Chocó o en zonas de bosque nativo.

La FAO ha llamado la atención sobre el precio de los alimentos como consecuencia de emplear tierra agrícola para producir biocombustibles. En el período 2000-2010 la producción anual ha crecido de 100 millones a 618 millones de barriles, lo que equivale al 3% de la demanda mundial de energía empleada en el transporte. La Agencia Internacional de Energía estima que para el año 2050 los biocombustibles atenderían el 27% de la necesidad de energía en el transporte.

Un investigador colombiano, Andrés F. Martínez, publicó para la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA) un estudio de las emisiones de CO2 de la producción del biodiésel en Colombia. Tiene en cuenta los requerimientos de fertilización, irrigación, transporte y transformación. En el caso de la producción en sabana, siempre y cuando al finalizar la vida útil de las palmas, éstas no se tumben para limpiar la tierra; la producción de biodiésel sí contribuye a reducir las emisiones de gases de invernadero. Pero si se derrumban las palmas, se pierde todo el efecto. Si las siembras se realizan en zona de bosque, se contribuye al calentamiento atmosférico.

Ni ambiental ni fiscalmente es adecuado continuar con los generosos subsidios estatales a unos pocos productores. En un país que ostenta el segundo puesto latinoamericano en la desigualdad del ingreso, utilizar impuestos para entregárselos a quienes no lo necesitan es una política inequitativa. Si se quiere generar empleo rural con políticas ambientalmente sostenibles, bien podría pensarse en programas masivos de reforestación y acciones que sí disminuyen la concentración de CO2 atmosférico y, adicionalmente, califican para venta de derechos de emisión.

Si bien el valor de los derechos se ha reducido en los últimos años, una renegociación del Protocolo de Kyoto, que tenga en cuenta la urgencia de reducir la concentración de gases de invernadero, llevaría a precios más acordes con las necesidades ambientales.

 

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