BlaBla Car

Uber es una papa caliente. Ahora el tema lo tiene a su cargo el vicepresidente de la República, lo cual es una evidencia de la trascendencia del asunto: al fin y al cabo es un tema de orden público —por la amenaza de bloqueos y los actos de justicia por mano propia que ejercen los empresarios de taxi—.

Los parámetros de la disputa, con más o menos variantes, se repiten de país en país. Todo está en función del poder que tengan los empresarios del taxi, como lo demuestran los incendios y los bloqueos a los vehículos que utilizan en París la plataforma Uber.

Uber es un negocio y no un servicio público al que puedan aplicársele las reglas del transporte público. Si se le aplican, pierde, como sucedió con la decisión del Consejo Constitucional en Francia.

Uber es una de las muchas realidades que están más allá del ordenamiento jurídico vigente antes de que se masificaran internet y sus aplicaciones y existieran los teléfonos móviles inteligentes. Las posibilidades son infinitas, impactan a todos los sectores de la economía y, gracias a ello, unas empresas desaparecerán y se crearán otras nuevas.

BlaBla Car es una compañía francesa fundada en 2006, valorada en US$1.600 millones, que utiliza una aplicación para poner en contacto a personas que quieran realizar un viaje de larga distancia en automóvil entre ciudades y compartir entre todas los costos (peajes y gasolina), sin que el dueño del vehículo pueda cobrar algo adicional. BlaBla Car calcula esos costos, registra los ingresos del viaje y se queda con el 12%. Ya existen más de 20 millones de usuarios de esta aplicación, la cual pronto llegará a América Latina.

Es cierto que, desde el punto de vista económico, este y otros modelos similares de negocio alrededor del mundo son sustitutos de los servicios tradicionales de transporte, pero no lo son jurídicamente. Nadie podrá detenerlos. Ya habrán de dilucidarse temas como la responsabilidad civil en caso de accidente.

En Colombia, cualquier determinación del Gobierno Nacional respecto de Uber debería producirse después de las elecciones de octubre. En cualquier sentido que se tome la decisión, se podrían generar situaciones de hecho que distorsionarían el resultado electoral.

@jcgomez_j