Cambios en la ‘justicia para las Farc’

Sostuvo la revista Semana en relación con lo que finalmente se aprobó en el Congreso sobre la Justicia Especial para la Paz —JEP— que: “la discusión sobre el narcotráfico como delito continuado tendrá que esperar unos meses más… Se determinó que una ley reglamentará el tratamiento penal diferenciado en lo relativo a la erradicación de cultivos ilícitos. Es decir, se dejó para después la discusión que fije en qué casos y bajo qué circunstancias la justicia ordinaria investigará el juzgamiento de los delitos de conservación y financiamiento de plantaciones cometidos por las personas investigadas”.

Considero como razón para augurarle un estruendoso fracaso a la ‘Jurisdicción Especial para las Farc’, el haber postergado rechazar la conexión del narcotráfico con los delitos políticos. O sea, un Congreso incompetente nos aceptó la necesidad de narcotraficar con el objetivo de financiar la confrontación armada.  “Porque —según ellos— el desmovilizado cometió el delito en cumplimiento de su función dentro del grupo armado al que perteneció y no con el propósito de obtener lucro personal”.

Como bien titula la revista citada: “El narcotráfico continuará con margen de maniobra”, y continuará siendo el combustible de todas las guerras. Carece de viabilidad reglamentar la erradicación voluntaria y manual de los cultivos de coca en zonas alejadas para reemplazarlos por cultivos que rentan muchas veces menos.

El presidente Santos toleró la expansión de los cultivos de coca hasta cerca de las 200.000 hectáreas existentes a la fecha para no enfrentarse con las Farc, durante las negociaciones de La Habana. Mas no consideró posible continuar con esta tolerancia contra la opinión tanto del Gobierno de Donald Trump como de la población estadounidense. El “no permitiré la erradicación aérea con glifosato” del presidente Santos, ¿acaso comienza ya a doblegar su cerviz? 

Alias Pastor Alape dijo: “Conceptos como transición, desmovilización y entrega de armas no existen ni en la gramática del acuerdo, ni en el lenguaje de la guerrilla”. Y dio a entender que el desarme y la desmovilización no serían tareas a cargo tan solo de las Farc, sino que al Gobierno le correspondería hacer lo propio. ¿Existirá paz con narcotráfico, con armas y sin integrarse a la sociedad?  

Otro gran ejemplo de justicia tropical, comenta Semana: “No se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición por hechos o conductas objeto de la JEP.  Es decir, los miembros de las Farc que sean sujeto de delitos amnistiables o no amnistiables —fuera o dentro de Colombia— no podrán ser extraditados… pero sí podrán aterrizar en la vida política si logran que el Tribunal de Paz les certifique que el individuo contribuyó o no con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.

Entiendo que, entre las pocas enmiendas valiosas del Congreso a la JEP, figura “la determinación de que la responsabilidad en el mando no se podrá fundar exclusivamente en rango, la jerarquía o el ámbito de jurisdicción, sino en el control efectivo de la respectiva conducta y en el conocimiento basado en la información a disposición de los superiores en jerarquía”. En la JEP de los traga sapos de Humberto de la Calle y de Sergio Jaramillo, los jefes eran responsables hasta por las estupideces de sus subalternos. Es de esperar que no destruyan las enmiendas aludidas ahora que entren a conciliación todas las reformas.