Por: Mauricio García Villegas

La campaña de Profamilia

EN COLOMBIA EL ABORTO ES LEGAL en tres casos excepcionales: cuando la vida o la salud de la mujer gestante están en riesgo, cuando las malformaciones del feto hacen inviable su vida extrauterina y cuando el embarazo resulta de una violación carnal.

Eso dice la norma legal (Sentencia C-355 de 2006). Sin embargo, las normas sociales y religiosas tienen más peso que la ley. Por eso, en la práctica, la grandísima mayoría de los abortos en Colombia, incluso los legales, se hace de manera clandestina. La vergüenza y la culpa (también las trabas administrativas para obtener la interrupción del embarazo) terminan pudiendo más que la ley. Profamilia estima que cada año ocurren alrededor de  400 mil abortos en sitios ocultos y en condiciones de salubridad deplorables. Se cree que 123 mil mujeres que abortan en esas condiciones sufren complicaciones de salud, que el 21% de ellas no recibe el tratamiento que necesita y que otro porcentaje de ellas muere.
 
Para tratar de remediar esta situación, Profamilia está promoviendo una campaña en el Metro de Medellín, y en otras partes del país, denominada  “La decisión es tuya”. Con ella pretende brindar información y asesoría sobre las posibilidades legales de  interrupción voluntaria del embarazo, de tal manera que se reduzca el número de abortos clandestinos.
 
No obstante la claridad y justeza de estos propósitos, a la campaña se han opuesto numerosos grupos conservadores radicales que luchan por la penalización del aborto en todos los casos.
 
Hay algo que me sorprende en esta reacción conservadora y es su olímpica indiferencia frente al sufrimiento humano, en este caso, el sufrimiento de las mujeres que se ven obligadas a abortar en pésimas condiciones médicas. Está comprobado que quienes toman la decisión de abortar lo hacen con independencia de que la norma lo prohiba o no. Lo que cuenta no es la prohibición sino la educación.  En América Latina, en donde el aborto tiende a estar fuertemente penalizado, la cifra de abortos es de 32 por cada 1.000 mujeres en edad de gestación. En cambio, esta tasa es de 12 por 1.000 mujeres en Europa Occidental, en donde el aborto es generalmente permitido. Si eso es así, si las mujeres que abortan lo hacen con independencia del tipo de legislación que exista, ¿cómo es posible que los conservadores se empeñen en defender su prohibición a sabiendas de que con eso sólo causan un mal mayor?
 
Algún conservador me podría responder que los principios morales hay que defenderlos cueste lo que cueste. Y eso puede ser verdad para ellos (para mí también lo es en muchos casos) pero esta no es la manera como un Estado democrático y pluralista debe razonar. Yo puedo entender que haya personas que, por sus creencias religiosas, quieran que otros piensen y se comporten como ellos y que para lograr ese propósito emprendan campañas para difundir sus creencias.  Lo que no puedo entender es que en un país pluralista como este, en donde la Constitución defiende la libertad de cultos y de pensamiento, quienes tienen ciertas creencias morales que son objeto de debate pretendan que sus creencias se conviertan en una ley que castigue e incluso meta a la cárcel a quienes piensan y actúan distinto.
 
Cuando se debate sobre la prohibición de una conducta fundada en un principio moral en disputa, como es el caso del aborto, lo mejor que puede hacer un Estado es permitir que cada cual obre según sus convicciones, tratando de reducir con educación el número de abortos clandestinos; en todo caso no castigar a las mujeres que se ven obligadas a abortar. Esto, por supuesto, no es lo que haría un obispo con sus fieles, ni tampoco el líder de un Estado confesional, pero de eso no estamos hablando.  
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