Por: Uriel Ortiz Soto

Carrusel contractual de los aportantes

Son miles y miles los contratos celebrados por gobernaciones y alcaldías, producto de los carruseles contractuales de los aportantes, es vergonzoso tener que decirlo, pero se han visto casos en que los funcionarios por elección popular se ven amenazados u obstaculizadas sus funciones, ante la imposibilidad de cumplir los compromisos adquiridos por los aportes a sus campañas.

De otro lado, los funcionarios nombrados, casi que por obligación para dar cumplimiento a un aporte de campaña, son tan deficientes en el desempeño de sus funciones, puesto que fueron designados a dedo y sin el lleno de los requisitos legales para desempeñar el cargo.

Otra situación bien grave se presenta con los contratos celebrados por las administraciones departamentales y municipales, producto de los compromisos adquiridos por aportes en las campañas políticas: por lo regular las obras no cumplen con los estándares de calidad, o finalmente se convierten en inconclusas o elefantes blancos, cuando no es que los contratistas una vez recibidos los dineros emprenden las de Villadiego.

Por eso, sería muy importante que los organismos de control le hicieran seguimiento a cada una de estas obras, con el fin de evitar que los dineros aportados por el gobierno central para desarrollarlas se conviertan en toda una marrulla de parte de los contratistas aportantes.

Las elecciones para gobernadores, alcaldes y legisladores, desde ediles hasta senadores de la República, llevan insertas todo un carrusel de contratos y de compromisos burocráticos, todos ellos negociados previo a las elecciones y la mayoría de veces con compromisos firmados para el caso de incumplimiento. 

Creo que no existe ningún funcionario por elección popular exento de estos desafueros, puesto que desafortunadamente el sistema político actual no da otra alternativa para realizar unas elecciones limpias y honestas, siempre los elegidos llevan el estigma de tener que cumplir con los compromisos adquiridos en la campaña. 

Lastimosamente de la reforma política propuesta por el comité electoral,    que está a punto de empezar a ser debatida por el Congreso, no es mucho lo que se puede esperar para solucionar todas estas incongruencias, tiene tantas falencias que da hasta grima leerla, puesto que no se compadece con la solución a los más álgidos y urgentes problemas de nuestra vida democrática.

Siempre hemos sostenido a través de esta columna que la reforma política que el país necesita debe ser abierta, con la participación de todas las instituciones públicas y privadas, y finalmente votada por el Constituyente primario.

Lamentablemente en la actual reforma política esto no se va dar, el proyecto que ha presentado la comisión para tal fin tiene tantas inconsistencias que ya ha sido modificada en varios de sus aspectos y muy seguramente en el Congreso de la República terminen por enterrarla, con el fin de acomodarla a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los “honorables Padres de la Patria”.

Como nos encontramos con las pilas puestas para combatir la corrupción, es importante que se toque el tema del carrusel de los aportantes en las campañas políticas para gobernaciones, alcaldías y corporaciones legislativas.

Sobre este caso hay todo un paraíso de carrusel contractual y de corrupción, todo empieza a operar desde los inicios de las campañas políticas, donde prácticamente se compromete todo el erario público de municipios y departamentos.

Por este motivo es que los tribunales y demás organismos de control están atiborrados de procesos por la celebración indebida de contratos, puesto que los mandatarios de turno y los legisladores entran a gobernar o a legislar más que pignorados con deudas, la mayoría de las veces sus salarios y emolumentos son embargados por los prestamistas, al ver que no les pueden cumplir les inician procesos judiciales.

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