Carta abierta a los negociadores

Este lunes en Oslo los representantes del Gobierno van a sentarse en la mesa a negociar el futuro del sector agrícola con una insurgencia que en poco o nada ha cambiado el discurso de Tirofijo en el Caguán sobre "las gallinas y los marranos".

El modelo agrario marxista (del cual las Farc son incondicionales seguidores) aspira a que el país no sólo produzca sus propias necesidades alimenticias, sino que obligatoriamente esta producción la hagan campesinos en pequeñas parcelas. Es por ello que las Farc insisten que el país adelante una reforma agraria radical en el entendido que la estructura de la propiedad de la tierra es la que determina la capacidad de producción agrícola.

Sin correr serios riesgos, una sociedad no puede planificar su futuro con base en el acervo estadístico del pasado. Es el equivalente a diseñar los servicios públicos de una metrópoli con base en las necesidades que existían cuando la ciudad era un pueblo. Colombia es un país radicalmente diferente a lo que era hace 50 años: mientras la población se ha doblado, el porcentaje que habita en las ciudades ha pasado del 50 al 80%. El sector agropecuario, que representaba el 30% del PIB, difícilmente llega hoy al 6,3%. Pero si las estadísticas de grado de urbanización no son suficientemente elocuentes, la tendencia de emigrar a la ciudad es irreversible dado que el hombre es gregario, escogiendo vivir rodeado de sus congéneres.

La política agraria, cuyo fundamento deben ser estrategias que nos permitan producir, a costos razonables, parte de las necesidades alimenticias del cada día más creciente número de citadinos, requiere instrumentos de fomento y crédito que permitan una rápida expansión de la frontera agrícola, reduciendo simultáneamente la brecha social entre el campo y la ciudad, todo combinado con una mejor utilización del área cultivable. Y si bien es obligación del Estado deshacer la acumulación de tierras del narcotráfico (incluyendo la de las Farc), la permanencia recientemente confirmada por la Corte de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF), que establece los niveles máximos de propiedad por municipio y región, dentro de un contexto de agricultura moderna, es una política mandada a recoger. Como bien afirma Juan Camilo Restrepo: “Es el regreso a un agrarismo desueto, que en vez de favorecer a los pequeños propietarios, termina perjudicándolos, pues los condena a permanecer circunscritos al microfundio al prohibírsele prácticamente su derecho a la asociatividad”.

En Argentina, hoy en día posiblemente el principal productor de maíz y soya en el mundo, el 80% de los cultivos que se hacen de estos dos productos son en tierra arrendada. La discusión de la propiedad es absolutamente irrelevante. Colombia, que hoy importa más de ocho millones de toneladas de granos, necesitaría entre 1’600.000 y 2’000.000 de hectáreas para producir la soya y el maíz que el país consume anualmente. El pretender que los pocos campesinos colombianos que escogieron permanecer en el campo, bajo un modelo de ‘soberanía’ alimentaria, puedan en minifundios —a costos razonables— alimentar a los restantes 35 millones de citadinos colombianos es o una utopía o, aún más grave, una peligrosa distorsión de la realidad.

Una cosa es, a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, devolver lo abusivamente arrebatado (las Farc no reconocen los esfuerzos del Gobierno en cuanto a restitución de tierras, dado que ellos mismos son unos de los más grandes latifundistas del país), pero otra, la cual tiene enormes implicaciones para el futuro del país, es negociar con la insurgencia la obligatoriedad y limitación de la tenencia y propiedad de la tierra en aras de una ‘soberanía alimentaria’ que no se compadece ni con la agricultura moderna ni con los cambios demográficos que se han, y se seguirán, gestando en el país.