¿Cartagena en paz social?

Titular esta columna entre signos de admiración habría sido más grato para mí, y para sus lectores, desde luego, si las variables y coeficientes que miden los grados de desigualdad, inequidad, calidad de vida, de un conglomerado humano, una región o un país no arrojaran los resultados, bocanadas fétidas, que unas y otros de aquellas variables y coeficientes exhalan para Cartagena de Indias.

Guarismos todos de procedencia oficial, DANE, que dejan al descubierto cuánto pesan las desigualdades y las exclusiones de todo tipo que se desploman sin piedad sobre la vida de una población mayoritaria de cartageneros, hombres, mujeres y niños, en sus formas más aberrantes: hambre, educación, salud, vivienda, empleo.

Y no porque no tengan el mismo peso y afectación otras carencias, vías, movilidad, recreación, quiere decir que tales no incidan negativamente en el desarrollo humano y calidad de vida y hagan de esta población de cartageneros, nativos y desplazados, una de las más grandes y vulnerables de cuantas en Colombia se han ido conformando con motivo del conflicto armado que por más de medio siglo ha hecho de ella, aquí y en otras ciudades capitales, víctima propiciatoria y espeso caldo de cultivo para uno aún mayor y de impredecibles consecuencias, el conflicto social, cuyo tratamiento y principio de solución depende del desarrollo y cumplimiento del Acuerdo de Paz pactado con las guerrillas de las Farc-Ep.

En suma, de la Paz, que no solo se materializa en el silencio de los fusiles pactado entre Estado y guerrillas, ni en la dejación de las armas por parte de estas, sino que involucra un componente, el social, que es transversal a todos y cada uno de los temas que a lo largo de cuatro años en La Habana discutieron, negociaron y aprobaron los plenipotenciarios que para ese fin superior dispusieron las partes responsables de concretar el mandato constitucional, artículo 22, del derecho a la paz para todos los colombianos.

Para quienes, tanto en el Gobierno como en la oposición, conciben el concepto de dejación de armas por parte de la guerrilla como el final feliz y summum de un conflicto de más de 50 años con cabeza de hiedra, es pertinente que asuman que la responsabilidad del Estado y del Gobierno, en cualquier periodo de la historia y con cualquier presidente y desde la entrada en vigencia de los acuerdos de paz, es el desarrollo e implementación de las herramientas, mecanismos, políticas y presupuestos públicos, en la dirección irrevocable de la solución del conflicto social, la cabeza más protuberante de cuantas tiene aquel.

Cuyo epicentro han sido territorios en los cuales el Estado alcanzó por su marginalidad, inoperancia, incompetencia, el carácter de fallido, a tal punto que ni siquiera la institucionalidad en sus expresiones básicas alcanza la formalidad del acatamiento y sumisión propios de su fin.

Y menos, el del cumplimiento y satisfacción de su misión fundacional de garantizar, conforme lo proclama su naturaleza de Estado social de derecho, la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

No por ser centros urbanos densamente poblados, ciudades capitales, vaya a creerse que cuando se habla de paz territorial y de conflicto social estas realidades humanas y geográficas no cuentan, y para todos los tópicos paz territorial y conflicto social se circunscriben a los escenarios rurales en los cuales adelantó por más de 50 años sus luchas la guerrilla campesina de las Farc-Ep.

Si bien en el monte, en los campos y sures de Colombia el conflicto armado tuvo su apogeo, es en las ciudades, en unas más que en otras, en las cuales el conflicto social se incuba, desarrolla y alcanza hoy los ribetes de drama humano.

Dos puntos, comillas: “Más de 330.000 personas sobreviven, en Cartagena, capital de Bolívar, con dos dólares diarios y 59.000 con un dólar o menos al día.

Vivienda: El déficit habitacional supera las 80.000 viviendas.

Educación: La deserción escolar es de 40,7 % en la zona urbana y en la rural es de 61,8 %.

Salud: Más de 130.000 cartageneros no tienen cobertura en salud, y por lo menos 550.000 se encuentran sisbenizados.

Empleo: Con una población económicamente activa de 355.000 personas, las dos terceras partes que trabajan están en la economía del rebusque, sin un salario mínimo, sin prestaciones sociales y sin seguridad social. ‘Cartagena: pobreza y desempleo’, El Universal, 19 de junio de 2012” (sic).

Cierro comillas.

* Poeta.

@CristoGarciaTap