Cartas de los lectores

Soy comunicador social con énfasis en educación no formal y durante mi época estudiantil en el Externado tuve que vérmelas de cerca con el problema de los efectos del discurso oficial en la sociedad.

Por esa razón no puedo dejar de horrorizarme con el torpe manejo que algunos políticos, periodistas y personajes influyentes vienen dándole a la decisión de la corte de La Haya sobre los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua.

Venimos de un largo período en el cual se fue desinstitucionalizando el país, en el que la política del “todo vale” fue acabando con el valor de la justicia para instalar en su lugar el cinismo y el culto al egocentrismo. Sin embargo, de una u otra manera, este discurso oficial siempre negó sus perversas intenciones y, como un último atisbo de decencia, lo recubrió de un manto de insoportable pero eficaz populismo. Lo aterrador de la nueva situación es que en otro irresponsable ejercicio populista, ahora el mismo Estado y algunos sectores influyentes han convertido abiertamente su reto a la justicia internacional en bandera.

Detrás de una pretendida defensa de la “dignidad” del país, el discurso oficial está hoy cuestionando a la justicia internacional. Como un pésimo y ridículo perdedor, el Estado incluso está hablando de renunciar al tribunal de La Haya, al que voluntariamente aceptó como mediador.

¿Acaso el único fallo aceptable era que nos dieran la razón? ¿Nos hemos erigido como depositarios de la verdad absoluta? De ser así, no debimos nunca habernos sometido a ningún tribunal.

La ley y la justicia son quizá los logros más grandes que la humanidad ha conseguido en su ardua y milenaria lucha contra la barbarie, son la trinchera desde donde la inteligencia y los más débiles logran sobrevivir al abuso de los fuertes. Son el trofeo del triunfo de la cultura contra la ley de la selva. Pero cuando la ley y la justicia se relativizan, se allana el camino de regreso a la barbarie.

¿Con qué autoridad ética y moral le va a exigir el Estado colombiano a sus ciudadanos que acaten la ley y la justicia interna, si están viendo cómo su Estado reta y cuestiona a la justicia internacional? ¿Cómo se va a aplicar justicia en un país que no respeta los tribunales a los que se ha sometido? ¿Es que nuestros políticos y gobernantes no son conscientes del terrible ejemplo y precedente que están creando y transmitiendo a la sociedad en su revanchista y poco gallardo discurso oficial?

Desafortunadamente estamos en tiempos en que las decisiones políticas y de Estado están atravesadas por intenciones electoreras y los políticos no dudan en acomodarse a los más populistas discursos, como este de exacerbar un oportunista nacionalismo. Sin embargo, tristemente, con nuestros políticos siempre debemos esperar lo peor.

Dago García. Bogotá.

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