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Cartas de los lectores 29 Ene 2013 - 11:00 pm

Las pensiones de los profesores

Cartas de los lectores

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A propósito de la controversia que ha surgido por las pensiones de los congresistas y magistrados de Colombia, me permito invitarlos a investigar sobre la manera como en la Universidad del Valle se les rebaja la pensión a los profesores jubilados, vulnerando sus derechos adquiridos; ignorando los principios jurídicos de favorabilidad, seguridad jurídica y confianza legal; y desconociendo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y el reconocimiento de los regímenes especiales de pensiones hecho por el Consejo de Estado en el año 2008.

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El hecho es que hasta el 30 de junio, cuando la Ley 100/93 entró en vigencia en el Valle del Cauca, los profesores de la Universidad del Valle se jubilaban bajo la resolución 119 de 1976 del Consejo Directivo de la Universidad.

Al entrar en vigencia la Ley 100/93, reconoce en su artículos 36 y 146 un régimen de transición que determina que la edad, tiempo de servicio y monto de la pensión serán los establecidos por el régimen anterior al cual se encontraran afiliados, siempre y cuando acrediten 15 años o más de servicio y 35 años o más de edad, si mujeres, o 40 o más, si hombres.

Sin embargo, en la Universidad del Valle, desde el año 2000, la rectoría ha invertido una buena cantidad de dinero contratando abogados para demandar sus propios actos administrativos por los cuales autorizó las jubilaciones de sus profesores, aduciendo el principio de la legalidad y sustentándose —arbitrariamente— en la Ley 100/93. Tales demandas hechas en forma unilateral han afectado negativamente a unos 300 profesores a quienes se les ha rebajado la pensión.

De esta manera, la Universidad del Valle se hace responsable de los perjuicios morales, materiales y de calidad de vida de profesores que contribuyeron a darle lustre a la institución.

Por ello, en estos momentos, la universidad está siendo demandada y su rector será responsable del detrimento patrimonial de la universidad, no sólo por las indemnizaciones que los afectados esperamos lograr, sino además por el gasto realizado en la contratación de abogados con el claro propósito de rebajar las pensiones.

Miryam Zúñiga E.

Ph.D. Profesora titular de UV.

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Opinión por:

GONQUIVAN

Mie, 01/30/2013 - 14:51
TEMPLANZA ESTATAL.Asi se habla doctor Humberto de La Calle a esos malandrines de las farc, que hacen y deshacen en el marco de las conversaciones de la Habana. Es la fiel comprobación de su resquebrajamiento interno que ocultan a toda costa y que reviven con la muestra delicuencial de la peor calaña como lo es EL SECUESTRO, bajo la mas infame de sus identificaciones: PRESOS O RETENIDOS DE GUERRA. Duele mucho como una minoría de compatriotas avalan tales comportamientos, en detrimento de nuestra institucionalidad nacional, de la dignidad humana, la libertad y el derecho a la convicencia. "La templanza es la virtud que debe identificar a cualquier líder". Asi debe actuar el gobierno y dejar por sentado que EL DIALOGO DE PAZ está sobre base firme y no sobre arena y hay que respetarlo siempre.
Opinión por:

JAIMEBAL

Mie, 01/30/2013 - 08:49
Los administradores de entidades públicas han de darse cuenta de que no son dueños sino simples ejecutores del dinero de la comunidad. Por muy sensatas que crean que son sus decisiones sobre todo en la cuestión de los sueldos, han de estudiarlas con responsabilidad. ajustándolas a la legalidad. Ellos pasan y la entidad es la que tiene que pagar sus "chambonadas". Debería la ley determinar que las consecuencias financieras de los errores fueran asumidas por los funcionarios que los provocaron.
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