Castrando al peso

Quitarle tres bolitas al peso es una cortina de humo sobre problemas más graves, como el contrato de Cerro Matoso, la desaceleración económica, la inequidad de nuestros impuestos, una posible burbuja inmobiliaria, la peligrosa enfermedad holandesa y otras controversias que sí afectan al ciudadano de a pie. ¿Será este distractor prueba del calibre ético del actual ministro de Hacienda?

El peso colombiano es la única moneda continental que en más de cincuenta años no ha sufrido castración de ceros, suerte sólo compartida por el dólar americano y el canadiense. Me atrevo a decir que es una marca registrada de nuestra economía en los mercados internacionales y que en la práctica diaria de sus negocios no han tenido problema con el valor nominal de nuestra divisa.

La coyuntura no es la mejor para este sofisma. Por una parte, el Banco de la República afronta pérdidas que superarán el medio billón de pesos este año y la propuesta le significaría empeorar sus finanzas. De otro lado, el sector privado también incurriría en gastos, adecuando su software y contabilidad, en momentos en que se empieza a evidenciar deterioro de ventas y producción, según el último dato de PIB reportado por el DANE. Además, esta ha sido una táctica de extrema emergencia en las naciones, como en las hiperinflaciones latinoamericanas del siglo pasado, que mes a mes agregaban ceros a los precios y obligaban a mover dinero efectivo en bultos inmanejables, o en circunstancias excepcionales como la unificación monetaria europea, que no se da todos los días.

¿Por qué cambiar lo que funciona bien y no cambiar lo que no está funcionando? ¿Esa propuesta es de un estadista? Meterle palo a la rueda económica, que sólo ve a la locomotora minera agregar valor, aunque en detrimento del medio ambiente y la generación de empleo, es un descache que sólo un peón de estribo del Gobierno se atreverá a impulsar en medio de tanta necesidad material de la población.

Ya es suficiente de despistar al ciudadano de lo importante, con la complicidad de algunos medios de comunicación mediocres y serviles en materia económica y un Congreso que no aboga por una economía de la equidad, sino por intereses particulares, como los contratos de pedagogía que se tendrían que suscribir.