Por: María Elvira Samper

Científico, el nuevo papel del procurador

EL PROCURADOR ORDÓÑEZ ACABA de sumar a su papel de inquisidor el de científico y como tal terció en el debate sobre las fumigaciones con glifosato, para descartar de un plumazo la recomendación de suspenderlas que hizo el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en atención a la alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre el potencial carcinogénico de ese herbicida.

Ex cátedra, en una carta dirigida al ministro de Justicia, Ordóñez afirma que “no hay razones científicas que sustenten ese planteamiento, pero sí múltiples prejuicios”, y sostiene que la decisión es de carácter político y que le llama atención que coincida con “una exigencia permanente de las Farc en La Habana”.

Golpe bajo, pues si bien en materia de cultivos ilícitos Gobierno y Farc acordaron, entre otras cosas, dar prioridad a la erradicación manual y dejar las fumigaciones como última opción del Estado, el pronunciamiento del minsalud no responde a eso. Obedece a la obligación constitucional de garantizar la protección de un derecho fundamental como es la salud, que en las zonas cocaleras donde se fumiga con glifosato está en riesgo, y también al principio de precaución consagrado en las normas del derecho interno e internacional como criterio ético, político y jurídico ante la incertidumbre científica, para prevenir o evitar daños graves e irreversibles al medio ambiente.

La posición de Ordóñez evidencia una estrecha visión de los derechos humanos, la tácita descalificación del estudio que dio base a las alarmas, un deliberado desconocimiento del principio de precaución y, claro está, su oposición a la negociación con las Farc. Además, parece desconocer decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que han prohibido fumigaciones en más de 20.000 hectáreas en distintas zonas del país, como respuesta a demandas y tutelas por problemas de salud derivados del uso del herbicida. Un cuadro clínico que ilustra su sesgo ideológico del científico inquisidor.

El debate está planteado en términos de salud vs. seguridad, pero hace parte de la discusión sobre la política antidrogas que durante 30 años Colombia ha aplicado bajo la égida de Estados Unidos. Una política que en desarrollo del Plan Colombia pasó de la guerra contra las drogas a la guerra contra el terrorismo, y cuyo objetivo primordial, reducir el consumo y las dimensiones del narcotráfico, no sólo no se ha logrado, sino que ha significado para el país enormes costos económicos y sociales —violencia, criminalidad, corrupción generalizada, desconfianza en las instituciones...—.

Casos que ilustran el desastre se multiplican. Por ejemplo, el martes pasado, Erbi Abello, personero de San José del Fragua (sur del Caquetá), contó a RCN Radio que los campesinos de la región se quejan por los daños que causan las fumigaciones. Las avionetas no sólo fumigan la coca, sino los cultivos de pancoger y los de cacao que han sembrado con créditos del Banco Agrario para salir de la ilegalidad. Y reveló que hace unos meses 200 familias de la inspección de Yurayaco se desplazaron como consecuencia de las fumigaciones, porque sus hijos se enfermaron y murieron varias reses.

¿Por qué insistir en la misma estrategia? No podemos seguir siendo el único país del mundo que fumiga con glifosato. Conviene un debate sobre qué ha funcionado y qué no, y a qué costo; oír voces de expertos, como la del economista Daniel Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, que insiste en la necesidad de construir una política de drogas basada en la evidencia. Buscar nuevos caminos, estrategias no militares y hacer oídos sordos a voces como la del procurador Ordóñez que contaminan el debate con su fundamentalismo ideológico. El Consejo de Estupefacientes tiene la palabra.

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