Colombia feliz sigue haciendo fila

A pesar de lo que digan las leyes y de lo que pregonan muchos funcionarios, Colombia sigue haciendo fila —de manera innecesaria e infame—, casi desde que se nace bajo su cielo.

La ley ordena que los menores a partir de los 7 años tienen que tener tarjeta de identidad. El trámite para obtenerla es una odisea que padecen no sólo los padres, sino, también los pequeños, como para que vayan aprendiendo de las filas que les esperan.

En el caso de Bogotá, en la sede de la Registraduría en Usaquén las filas comienzan a las 4 de la mañana y bien puede suceder que a las 6 ya se hayan agotado las “fichas” y los menores tengan que volver a madrugar una y otra vez.

Es insólito también lo que sucede con la obtención y renovación del Registro Único Tributario (RUT) y del Registro de Información Tributaria (RIT), los cuales —so pena de multas y casi de muerte civil— se requieren para que el Estado llene sus arcas a través de los impuestos. El trámite puede tardar más de medio día de insoportable espera, para algo que podría hacerse fácilmente a través de internet. La DIAN y la Secretaría de Hacienda de Bogotá les deben siglos a los ciudadanos por todas las horas de inútil e irrespetuosa espera.

Muchos servidores del Estado parecen ignorar las normas que obligan a utilizar las tecnologías de la información para los trámites ante la administración y que éstos pueden surtirse vía electrónica, aun por fuera de las horas de atención al público.

¿De qué sirve la penetración de la telefonía móvil celular si no se han implementado soluciones tan sencillas como, por ejemplo, la notificación de asignación de citas médicas a través de un simple mensaje de texto, sin tener que someter a los pacientes a hacer cola desde el amanecer?

Entre todas las normas que se inventa el legislador para garantizar supuestamente los derechos de los administrados, existe una del año 2011 que les prohíbe a las autoridades “asignar la orientación y atención del ciudadano a personal no capacitado para ello“. Parece ser el reconocimiento legislativo de que hay muchos ineptos atendiendo al público.