Por: Elisabeth Ungar Bleier

Colombia y la Convención para Combatir el Cohecho

Mientras la Contralora General, Sandra Morelli, afirmaba hace unos días que el impulso en la lucha contra la corrupción se había frenado, Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, en un tono bastante más optimista, pronosticó que este va a ser un año de destapes, de sanciones y de ajustes a la estrategia del Estado contra este flagelo.

De alguna manera, los dos funcionarios tienen razón. Si bien el gobierno nacional ha demostrado voluntad política para combatir este flagelo, y ha habido avances normativos y en el proceso de diseñar y poner en marcha una política anticorrupción integral, éstos han sido bastante lentos. De otra parte, tampoco se puede desconocer que muchas de las denuncias sobre graves hechos de corrupción, como por ejemplo el de la salud o la DIAN, las hizo el primer mandatario. No obstante, las investigaciones aún no arrojan resultados contundentes y la mayoría de los responsables se encuentran libres. Por supuesto, las responsabilidades recaen en el Estado en su conjunto y comprometen también al sector privado.

La reciente adhesión de Colombia a la Convención para Combatir el Cohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es una herramienta fundamental de lucha contra la corrupción transnacional, es un paso muy importante en esta dirección y refuerza los compromisos ya adquiridos por el país como signatario de las Convenciones Interamericana y de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Colombia ha recorrido un camino importante que debe servir de soporte para los nuevos retos que implica ser miembro de la OCDE.

Entre estos están la necesidad de elevar la rigurosidad y efectividad de las normas contra el soborno en las operaciones comerciales nacionales y transnacionales, ya que a medida que se intensifica la inversión extranjera (hacia Colombia y de Colombia en el exterior), la lucha contra la corrupción, en particular contra el cohecho, adquiere mayor relevancia.

Todos los indicadores evidencian preocupantes niveles de los riesgos y de la percepción de corrupción, incremento de victimización por esta causa y debilidad en la capacidad de investigación y de sanción por parte de los organismos de control y de la Rama Judicial. Por esto es necesario redoblar los esfuerzos para hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. Los objetivos de mantener un buen desempeño económico, de disminuir los niveles de pobreza e inequidad, la meta trazada por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 de incrementar la inversión extranjera directa a 13 billones de dólares, y la intención manifiesta de ingresar a la OCDE, multiplican los desafíos.

Los resultados que se obtengan van a tener gran incidencia en la imagen de Colombia en el contexto político y económico a nivel internacional. Pero, además, sin duda van a jugar un papel muy importante en las definiciones que se avecinan en el marco de las próximas elecciones presidenciales.

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