Por: Gonzalo Silva Rivas

Concesiones financiadas

Los pleitos judiciales que han sido telón de fondo en las relaciones entre la Aerocivil y el consorcio colombo-español Sociedad Aerocali, concesionario del aeropuerto Bonilla Aragón; la inminente devolución en menos de un año del Ernesto Cortissoz de Barranquilla por parte de la Sociedad Aeropuertos del Caribe S.A. e incluso las discusiones y renegociaciones con Opain para la construcción del nuevo aeropuerto Eldorado de Bogotá, reflejan que las concesiones aeroportuarias en Colombia no han sido experiencias exitosas.

Las concesiones deberían evitarle al Estado canalizar recursos hacia los aeropuertos privatizados, circunstancia que ha contribuido a la reducción de la inversión pública hacia el sector, pero lo cierto es que en la práctica no han cumplido con la perspectiva trazada por el Estado de que sean los particulares quienes asuman riesgos financieros y de que los terminales, apartados de la indolencia oficial, sean modelo de eficiencia y competitividad.
En sus 14 años de concesión el Cortissoz no ha cambiado de cara pero si le ha generado al Estado detrimento patrimonial por $13 mil millones, según la Contraloría. Caso parecido es el Bonilla Aragón, cuyo concesionario consiguió hace cinco años ante un Tribunal de Arbitramento renegociar el contrato por desequilibrio financiero ante la baja demanda de pasajeros, y pese a que quedó exento de la ejecución de importantes obras de infraestructura, sigue volando al acecho de más disputas legales.

En visita a Bogotá, el presidente de la IATA, Giovanni Bisignani, afirmó que la concesión de Eldorado quedó mal hecha y que en 2014, cuando el nuevo aeropuerto esté terminado, quedará pequeño frente a la creciente demanda en el tráfico de carga y pasajeros.
Las concesiones aeroportuarias arrancaron a mediados de los 90 y abarcan cerca de 20 terminales de las principales ciudades del país, como Bogotá, Cartagena, Cali, Barranquilla, Medellín, Rionegro, Montería, Apartadó, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga, Valledupar y Riohacha, y aunque las exigencias pactadas han aumentado en cada una de sus tres generaciones, los resultados en infraestructura y servicios no muestran avances evidentes.
El investigador Mauricio Oliveira revela que en 2010 los aeropuertos concesionados generaron sobrecostos a las aerolíneas por $474 mil millones, y que pese al aumento de los pagos de los consumidores por tasas aeroportuarias y de las aerolíneas por aterrizajes, el porcentaje de vuelos cancelados y retrasados no disminuye. Sin contar las consecuencias contractuales derivadas de incumplimientos o atrasos de los planes de inversión que siguen siendo graves.
Las concesiones lesivas tienen su efecto inverso: le restan a la Aerocivil y le suman al concesionario.

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