¿Algo más sobre el Palacio de Justicia?

Las relaciones entre el presidente Belisario Betancur y los militares fueron conflictivas desde un principio y empeoraron con el tiempo. La autonomía militar había llegado a su clímax durante el gobierno de Julio César Turbay y el contraste con la nueva visión gubernamental era muy grande. La política de paz era un claro intento por limitar esa autonomía militar en el manejo del orden público.

Pero el problema no fue sólo la decisión de buscar una solución negociada, sino que el presidente ignoró a los militares en sus decisiones sobre la política de paz. Con estas y otras decisiones que afectaron el orgullo militar, no son de extrañar el odio que despertó el mandatario en los círculos castrenses y las diatribas que allí se lanzaban en su contra.

Las resistencias militares fueron acalladas transitoriamente tras la renuncia del general Landazábal al Ministerio de Defensa a comienzos de 1984, ante una llamada de atención pública del presidente por sus críticas al proceso de paz. El general Matamoros, su remplazo, asumió una actitud prudente, pese al disgusto que causaron entre los militares los acuerdos de tregua firmados por la mayor parte de grupos guerrilleros y la Comisión de Paz. El general Vega Uribe, ministro siguiente, buscó continuar la conducta de su antecesor.

La soterrada ‘labor de zapa’ del Ejército contra las guerrillas en tregua, sumadas a las ambigüedades políticas y militares del M-19, llevó al rompimiento de la tregua por parte de este grupo, a mediados de 1985. En noviembre de ese año, el M-19 cometió el más garrafal de sus errores políticos: la toma del Palacio de Justicia. El predominio de la línea guerrerista dentro del M-19, su equivocada valoración de la realidad política e institucional del país y el acoso del Ejército contribuyen a explicar esta acción.

Este episodio tuvo un sangriento y absurdo desenlace, en el cual murieron incineradas más de un centenar de personas entre magistrados, guerrilleros y visitantes. La operación de recuperación del Palacio tuvo fallas mayúsculas desde el punto de vista militar. De ahí que la improvisación fuera la regla y faltara una evaluación de la especificidad del ‘campo de batalla’. A ello se agregaron los crasos errores de la guerrilla, que supuso una reacción militar mesurada ante la importancia de los rehenes.

Pero, aparte de estas consideraciones, lo que tuvo más peso en la ofensiva militar fue el trasfondo político de la batalla, pues el Ejército se topó, de buenas a primeras, con la única oportunidad de hacer valer su autonomía política ante el presidente y el M-19 al mismo tiempo. Esta guerrilla era la que más humillaciones le había propinado. Basta recordar el robo de armas del Cantón Norte de Bogotá, en el Año Nuevo de 1979.

Con sus acciones, los militares recuperaron la iniciativa en el manejo del orden público durante los nueve meses restantes del período presidencial de Betancur, en medio de una escalada de acciones militares antiguerrilleras. Sin propiciar las investigaciones de rigor, la clase política pretendió luego clausurar el episodio amnistiando al M-19.

Al mirar ahora el trasfondo de los acontecimientos del Palacio de Justicia, cabe plantear algunos interrogantes al respecto. ¿En los fallos judiciales se habrán tenido en cuenta los vericuetos que en ese episodio presentó la línea de mando militar y, de ahí, las difusas responsabilidades en sus escalones? ¿Y también, la relativa autonomía de las acciones de la cuestionada inteligencia militar? ¿Habría mandos que tuvieron responsabilidades ignoradas en esos fallos? Se discute ahora el problema de los desaparecidos, ¿pero alguien sabe si en las investigaciones se mencionó la responsabilidad de los que provocaron decenas de muertes con sus improvisadas decisiones? En fin, ¿en el caldeado ambiente de polarización será posible cerrar este nefasto capítulo de la historia nacional?