Por: Paloma Valencia Laserna

Derechos sindicales vs. calidad de la educación

FECODE le envió una carta al Presidente Santos en la que le da indicaciones sobre la educación en el país, y llama a la movilización de todos los docentes el próximo 25 de abril para reclamar sus derechos laborales y prestacionales. Además advierte que si el Presidente no logra mejorar las relaciones con la Federación, esta se encargará de llamar al magisterio a la "anormalidad académica indefinida".

 El conflicto con FECODE tiene una larga historia; pues su régimen de seguridad social es otro de aquellos llamados excepcionales. Por ejemplo, los maestros trabajan 40 horas a la semana, de las cuales sólo 30 las pasan en establecimientos educativos; de estas, 22 se destinan a clases propiamente (para los maestros las clases son de 55 minutos; pero el gobierno insiste en que deben ser de 60 mins). Pese a este flexible horario tienen muchas ventajas: la Ley 91 de 1989 crea el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para salud y prestaciones. La salud, de régimen especial, tiene un plan integral de atención en medicina y odontología en todos los niveles y no exige copagos ni cuotas moderadoras; atiende todo tipo de patologías sin restricción y sin periodos mínimos de cotización para los docentes y sus beneficiarios, que incluyen cónyuges, padres, hijos y nietos hasta por 30 días; incluso cubre tratamientos de enfermedades catastróficas o de alto costo sin ninguna restricción y tratamiento de alcoholismo. El suministro de los medicamentos no está sujeto a restricción. No existen exclusiones, ni preexistencias. En materia pensional también tienen prebendas; el régimen de los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 (Ley 91 de 1989) les otorga pensión a los 55 años, y además pueden permanecer en el servicio hasta los 65 años y recibir ambas erogaciones  (pensión y salario). Para los docentes a partir de esa fecha se aplica la ley 100, pero la edad de jubilación es de 57 años, (y no de 60 y 62 como se establece para el resto de los colombianos).

El FOMAG, el cual es administrado por la fiduciaria de La Previsora está en crisis presupuestal. El Estado le debe más de 30 billones de pesos. Más aún, jugosas demandas -que hoy investiga la Contraloría y la Procuraduría en el departamento de Córdoba- estarían a punto de saquear el presupuesto de la entidad. Jueces ordenaron el embargo de más de 450 mil millones de pesos del FOMAG para satisfacer demandas pensionales.

Semejante esfuerzo fiscal y los beneficios parecerían adecuados para incentivar que los mejores hagan parte del sistema educativo. La excelencia de los profesores es el insumo básico y fundamental para garantizar la calidad. Sin embargo, ese no es el caso. En el examen del escalafón docente sólo el 18% de los evaluados mostró un nivel satisfactorio. Es decir, estamos dándole privilegios enormes a educadores de baja calidad. Eso explica los nefastos resultados en las pruebas a los estudiantes colombianos, sobretodo en el sector público.

Así las cosas, se hace evidente que el esfuerzo y la estructura de incentivos que existe es insuficiente para garantizar la calidad de la educación. Las razones son muchas, pero la principal es que se han privilegiado los derechos laborales y sindicales de los docentes sobre los derechos a la educación de los niños. Lo ideal sería que todos los derechos otorgados a los ciudadanos pudieran convivir y desarrollarse al máximo sin interrumpir o coartar los demás derechos y las demás personas. Sin embargo, es natural que unos colisionen con otros –y hace parte del quehacer jurídico resolver esas tensiones. Colombia tiene que evaluar la escala mediante la cual se jerarquizan los derechos; pues a la hora de los tirones, es importante determinar cuál y hasta qué punto debe ceder.

Por ejemplo, dice la carta de FECODE que se deben acabar los colegios por concesión, pues son una forma de privatizar la educación. La Federación pretende imponer el sistema de administración y contratación pública que mantiene a sus afiliados; lo que se contrapone al hecho de que en términos de calidad son mejores los colegios concesionados. Es natural que el sindicato defienda sus intereses; pero es inaceptable que el país opte por privilegiar el sindicalismo sobre la calidad de la educación de los niños.

FECODE trabaja incansablemente para impedir las evaluaciones de docentes, y para evitar que estas tengan como consecuencia despidos; una defensa a la estabilidad laboral. Sin embargo, aquello se opone a la necesidad de depurar el sistema y garantizar que sólo los mejores permanezcan. Es increíble que se privilegien las demandas de FECODE aún atropellando los derechos de los niños a educación de calidad.

Colombia no podrá desarrollarse ni tener niveles de equidad mientras mantenga la brecha entre la educación pública y la privada. Todos los niños deben tener la opción de recibir buena educación; es deber del Estado garantizarlo. En ese sentido es razonable adoptar las medidas que mejor lo consigan aunque lesionen derechos laborales; cabe recordar que la propia Constitución establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.

@PalomaValenciaL

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