Reformas al sistema penal

Me gustaron varias cosas: que no están condicionadas a la obtención de un consenso previo, con lo cual no sólo se evitan los intercambios de favores entre los interesados, sino que se fomenta una discusión abierta, como debe serlo en una democracia; que no requieren engorrosas reformas constitucionales que suelen ser escenario propicio para el nacimiento de los ‘micos legislativos’; que no suponen la creación de más organismos burocráticos que tanto se prestan para recíprocos nombramientos; que no necesitan de elevadas inversiones económicas; que no se limitan al manido y poco eficiente recurso de inventar nuevos delitos o incrementar las penas; que para su puesta en marcha no es necesario aumentar el período de los magistrados de las altas cortes, ni prorrogar su edad de retiro forzoso, ni mucho menos beneficiarlos con la aplicación retroactiva de esas prerrogativas.

No hablo de la cumbre con que Ejecutivo y Rama Judicial sellaron un acuerdo para sacar adelante la reforma a la justicia que cursa en el Congreso. Me refiero, de una parte, a una columna de Guillermo Santos en la que propone la confección de una base de datos que permita ejercer un estricto control sobre los celulares; un adecuado funcionamiento de esa herramienta digital (para la cual existen ya suficientes posibilidades tecnológicas) desestimularía el hurto de esos aparatos generando un impacto positivo en el trabajo de la Fiscalía, una cuarta parte de cuyas investigaciones tienen que ver con delitos contra el patrimonio económico.

Aludo, de otro lado, a una entrevista del fiscal Montealegre en la que plantea la necesidad de mejorar la capacitación de los fiscales y funcionarios de policía judicial, ofrece hacer un rediseño administrativo de la entidad para convertirla en una institución capaz de manejar sus recursos de manera más eficiente, propone incrementar la cooperación tecnológica mediante alianzas internacionales y está dispuesto a trazar directrices sobre la forma en que deben operar mecanismos como el de los preacuerdos y los principios de oportunidad. Y, sobre todo, no recurre al facilismo de culpar al sistema penal adversarial de las fallas que el mismo presenta, sino que reconoce sus ventajas y ofrece solucionar sus inconvenientes mediante su mejoramiento y no a través de su eliminación.

Planteamientos como estos deberían ser objeto de análisis, discusión y desarrollo, tanto por parte de las entidades estatales involucradas en la administración de justicia, como por la academia. Comprendo que al no ofrecer aumentos de penas y creación de nuevos delitos, resulten temas menos populares desde el punto de vista mediático; también entiendo que de su discusión, aprobación y puesta en funcionamiento hay pocas probabilidades de obtener ventajas capaces de alterar el equilibrio de poderes. Pero quizás vaya siendo hora de pensar en propuestas que sólo beneficien a la administración de justicia, aun cuando de ellas no se obtengan réditos políticos o burocráticos.