El regalazo

Por cuenta de esa vocación padecí persecución en el gobierno anterior y no me arrepiento de haber defendido a la Corte Suprema, cuando la seguridad democrática quiso aniquilarla moralmente. Pero hoy, conocida la espuria aprobación de la reforma a la justicia, hago una pausa en mi visión de la misma y de algunos de sus protagonistas.

Ya es lugar común decir que esa reforma para nada cambiará la pésima justicia que los ciudadanos enfrentamos. El Gobierno caramelea y alardea con la abolición de la Sala Disciplinaria del desprestigiado Consejo Superior de la Judicatura integrada por siete magistrados, cuando apenas la está sustituyendo por un Tribunal Disciplinario de nueve miembros. Eso al ciudadano de a pie le importa un bledo, como otras muchas cosas del mismo tono que recoge la melcochuda reforma.

Pero donde está el oprobio mayor a la decencia es en la aprobación de la norma que prorrogará a los actuales magistrados sus períodos de ocho a 12 años y su edad de retiro forzoso de 65 a 70. Y entristece que, además, eso haya ocurrido instigado por conspicuos magistrados que andaban cabildeando en el Senado, pensando subliminalmente en el tintineo de las esposas que intimida a varios congresistas investigados o en las pérdidas de sus investiduras. Y es incalificable que hayan sido precisamente algunos congresistas investigados, como Eduardo Enríquez Maya, los más fervorosos defensores de la prórroga del período a los magistrados que los juzgan.

Aunque muchos magistrados de dientes para afuera se declaran opuestos al esperpento, lo cierto es que algunos congresistas sí recuerdan haber recibido oportunos comentarios a la iniciativa por parte de algunos de ellos, incluidos quienes, como lo reveló Cecilia Orozco, presentaron renuncia a sus cargos, pero condicionada a que si se aprobaba la prórroga del período se tuviera por no presentada. Por el buen nombre de la justicia, aquellos magistrados que se sientan ofendidos con esta reforma que los favorece, deberían públicamente prometer que estarán dispuestos a retirarse de sus empleos cuando completen los ocho años para los cuales fueron nombrados, o cuando cumplan los 65 años. Lo que no puede ocurrir es que se queden sentados en sus poltronas judiciales, después de los ocho años de magistratura o de los 65 años de edad, si en verdad están en desacuerdo con este atraco que el Gobierno, las Cortes y el Congreso le propinaron a la Nación entera. Ellos tienen la palabra.

El Gobierno es el principal responsable de esta desgracia, porque en el anteproyecto que en agosto de 2010 presentó a las Cortes incluyó la deshonrosa prórroga, que obviamente despertó la codicia de algunos magistrados. Es cierto que luego la quitó del proyecto que finalmente presentó y también que se opuso, pero todo comenzó cuando el Gobierno puso a los magistrados a que acariciaran esta indecente oferta que está por convertirse en realidad.

Por eso el presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata, escribió una humillante página al defender en el Gobierno la norma que lo premia también a él, alegando que si no se les ampliaba el período o la edad de retiro forzoso a los actuales magistrados pero sí a los futuros, se violaba el principio de igualdad, olvidando que ellos fueron nombrados solamente para ocho años. Y lo peor, cuando en tono suplicante pidió que se les concediera la prórroga, porque según él “ellos no han hecho daño al país”.

No me imagino, por ejemplo, al inolvidable maestro Alfonso Reyes Echandía, ni a la enhiesta consejera de Estado, Martha Sofía Sanz —tempranamente desaparecida— hincados de rodillas en el Palacio o en el Congreso, implorando para que les prorrogaran su período o la edad de retiro forzoso. Los tiempos han cambiado y para mal. Qué vergüenza.

Adenda. Cómo será la cosa si Mancuso dice que le da miedo.