En el clóset: Santos y las parejas gay

Al revisar la trayectoria de Santos y lo que ha hecho (y dejado de hacer) su gobierno, la conclusión es que en este tema le ha faltado el talante liberal que ha tenido en otros. En la campaña presidencial, se opuso al matrimonio de personas del mismo sexo. Ya en el poder, le ha hecho el quite a cualquier discusión sobre los derechos de gays y lesbianas. Además, ha guardado prudente silencio frente a los cuatro proyectos de ley que circulan en el Congreso sobre las uniones homosexuales, incluyendo el del Partido de la U, que niega la posibilidad del matrimonio.

Me dirán que Santos es liberal de corazón, pero que ante todo es un político; que en un país con tanta homofobia, hablar sinceramente del tema sería un suicidio electoral, como Obama pensaba que lo era en EE.UU. hasta la semana pasada.

Puede ser. El problema es que el silencio del presidente ha ido más allá de la cautela electoral, hasta rayar en el endoso implícito de la discriminación. Por ejemplo, ni el mandatario ni su ministro de Defensa tomaron medidas contra el comandante de la Armada Nacional cuando éste dijo que, aunque las leyes y los fallos protejan el derecho a la igualdad, sacaría de la Armada a los homosexuales porque “el honor prohíbe lo que la ley permite”. Con el mutismo de sus superiores, el comandante de la Armada y las demás cabezas de las Fuerzas Armadas tienen carta blanca para discriminar ilegalmente. La misma que tenían las fuerzas armadas estadounidenses hasta que Obama acabó con la política del silencio (“don’t ask, don’t tell”), al comienzo de su gobierno.

El sigilo gubernamental se extiende a los demás debates sobre los derechos de la población LGBT, en los que la Corte Constitucional se ha quedado sola. Ni a Santos ni a sus ministros, tan elocuentes sobre otros asuntos complejos, se les conoce una opinión sobre las adopciones por parejas del mismo sexo, ni sobre el incumplimiento de las sentencias de la Corte por parte de notarios y empresas de seguridad social que se niegan a reconocer las uniones y las pensiones de esas parejas.

Pero Santos, como Obama, entiende la lógica política. Así como en EE.UU. la salida del clóset del presidente fue el resultado de años de movilización de la población LGBT (que hizo sentir su influencia en las elecciones y cambió la opinión de la mayoría sobre el matrimonio gay), aquí el movimiento y sus aliados tienen que fortalecer su voz política. De la misma forma como las iglesias se organizan cada domingo para lanzar un mensaje contra los derechos homosexuales, los sectores igualitarios (los jóvenes, las personas LGBT, los liberales de pensamiento) tienen que organizarse en redes sociales y campañas que les recuerden a los políticos que ellos y ellas son votantes organizados e influyentes. Las cortes no reemplazan la movilización política, como lo ha entendido bien el Gobierno en su cálculo electoral.

Pero también se debería esperar más de un gobierno que ha tomado riesgos en otros temas polémicos, como la penalización del consumo y tráfico de drogas. Como mínimo, cabría esperar que el presidente, aunque no salga a defender los derechos de las personas LGBT, tampoco promueva su discriminación. En el corto plazo, la prueba será la escogencia de su candidato a la terna para la Procuraduría. Si no postula al procurador Ordóñez, el Gobierno habrá ayudado a remover el principal obstáculo para la igualdad de derechos. Y habrá abierto el camino para que, alguna vez, un presidente de Colombia diga frente a una cámara que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos que tenemos los demás ciudadanos.

* Miembro fundador de Dejusticia (www.dejusticia.org).