Opinión |16 Mayo 2012 - 11:00 pm
La irracionalidad de la radicalización política
Por: Elisabeth Ungar Bleier
El repudiable acto terrorista contra el exministro Fernando Londoño Hoyos, que causó la muerte a dos personas y heridas a muchos más, además de sembrar miedo y zozobra, es una afrenta contra todo el país y contra los principios más valiosos de una sociedad.
Lo sucedido el pasado martes en Bogotá nos recuerda los terribles años ochenta, cuando el narcotráfico intentó doblegar a punta de bombas al país. Y posteriormente muchos otros hechos criminales por parte de la guerrilla y los paramilitares, que con acciones similares, por ejemplo el atentado al Club El Nogal durante la presidencia de Álvaro Uribe, lograron desestabilizar al país, generar una sensación de inseguridad y de desgobierno y abrirle el paso a la radicalización del debate político. Pero además, contribuyeron a que comenzara a hacer carrera y fuera aceptado por millones de colombianos el principio según el cual “el fin justifica los medios”. Con la excusa de que es necesario combatir al “enemigo” ante la debilidad del Estado para hacerlo, se cometieron algunos de los actos más atroces de nuestra historia y se violaron los derechos fundamentales de los colombianos.
La parapolítica es una de las manifestaciones más extremas y nefastas de la irracionalidad de la radicalización política y del uso del terrorismo con fines políticos. Algunas de las consecuencias más graves de este fenómeno, sin duda alguna, han sido la pérdida de vidas, el desplazamiento de miles de personas y el despojo de tierras. También el desconocimiento del ejercicio de derechos fundamentales y de derechos políticos, como el de elegir y ser elegido, la libertad de expresión y el ejercicio de la oposición, pilares sobre los cuales se erigen los sistemas democráticos. Y la captura del Estado por actores ilegales y por intereses particulares, sobre todo a nivel local y regional, pero también en órganos del orden nacional como el Congreso de la República. En todos estos casos, es evidente que los medios utilizados bajo ninguna circunstancia justifican los fines para los cuales fueron diseñados. Pero además, la experiencia de las últimas décadas nos muestra que la politización del terrorismo puede poner en riesgo el equilibrio de poderes y debilitar el sistema de pesos y contrapesos. En aras de la lucha contra el terrorismo, propósito que concita el apoyo de la inmensa mayoría de los colombianos, en algunas ocasiones se utilizaron medios claramente violatorios de la ley, tales como las “chuzadas” telefónicas, los llamados falsos positivos y las presiones indebidas a los miembros de corporaciones públicas para incidir en sus votos.
Los colombianos debemos rechazar enfáticamente el terrorismo, venga de donde venga. Pero con igual vehemencia debemos rechazar que algunos sectores y personas lo utilicen para tratar de imponer sus ideas o para atacar y desprestigiar al Gobierno, al Congreso o a quienes están en desacuerdo con sus planteamientos, desconociendo los canales y mecanismos institucionales existentes para tramitar estas diferencias. No se trata de limitar los espacios de diálogo, sino de ampliarlos y fortalecerlos en beneficio de todos.
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