¿Cuidados intermedios?

Resulta paradójico, y a la vez preocupante, que en este contexto el Concejo de Bogotá, con la aparente aquiescencia del alcalde y de su equipo de colaboradores más cercano, haya reducido el presupuesto de la Veeduría Distrital hasta niveles que dificultan el logro de los objetivos de esta entidad en el marco del Plan de Desarrollo.

Aún más contradictorio es que Petro fuera uno de los primeros en hablar del “carrusel de la contratación”; que la lucha contra la corrupción y por la transparencia fuera una de las propuestas centrales de su campaña; que estos temas ocupen un lugar central y transversal en todo el Plan de Desarrollo de la ciudad, y que en éste, a la Veeduría se le asigne la responsabilidad de liderar este Programa. No obstante, los recursos para esta entidad se redujeron en casi el 75% frente a lo presupuestado inicialmente, por lo cual recibirá cerca de la mitad de lo que le asignó el exalcalde Moreno y casi un tercio de lo que tuvo durante la alcaldía de Garzón. Es decir, se mantienen los objetivos y las metas del Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, pero se redujo en 75% el presupuesto de la entidad responsable. Así se prevean adiciones presupuestales a futuro, todos sabemos que esto es incierto.

La Veeduría Distrital tiene unas funciones fundamentales en la lucha contra la corrupción. Es la llamada a ejercer el control previo, es decir, prevenir que los hechos ocurran, generando las condiciones y promoviendo acciones que eviten el daño a la gestión y a los recursos públicos.

Experiencias nacionales e internacionales demuestran que la prevención y el control social son antídotos muy importantes contra la corrupción y pilares sobre los cuales debe descansar una política integral para combatirla. Así lo reconocen no solamente las convenciones internacionales sobre la materia, sino también normas nacionales, como por ejemplo el Estatuto Anticorrupción.

Esto es aun más relevante dadas las dificultades y deficiencias de las entidades encargadas del control posterior, como por ejemplo la Personería y la Contraloría distritales, y peor aún, la lentitud de la justicia para investigar y sancionar a los culpables de hechos de corrupción. No se trata de poner a estas entidades a competir entre sí presupuestalmente, y por ende burocráticamente, o en términos de sus competencias, como se llegó a insinuar en el Concejo, sino de fortalecerlas.

En una ciudad como Bogotá, con 8 millones de habitantes, que contrata 7 billones de pesos al año, el control preventivo y el control social a la gestión pública no son negociables. Así quedó plasmado en el artículo 38 del Plan de Desarrollo de la Ciudad “Programa Bogotá Transparente: Probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente”. ¡Qué mal mensaje les están enviando el Concejo de la ciudad y su alcalde a los bogotanos y al país con la decisión de dejar a la Veeduría sin recursos suficientes para ejecutar lo planeado!