¿Una ley contra bacrim?

Algo así está pasando con las tenebrosas bandas criminales. El Partido de la U empezó a hablar de herramientas legales para “combatir con mayor contundencia” a las bacrim, y el ministro Juan Carlos Pinzón hizo eco de la idea esta semana.

No tienen claro cuántas son, ni dónde están. La Policía ha dicho que tienen 3.700 miembros y están en 150 municipios. La Corporación Arco Iris dijo en febrero que estaban en 209 municipios, e Indepaz calculó un poco después que rondaban por 300 municipios y tenían 6.000 personas armadas.

Sabemos, sí, que han venido creciendo, y que la oportunidad que tuvimos de librarnos de este fenómeno se nos está deshaciendo en las manos.

Como en 1991 con la Constituyente, en 2006 con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, el número de grupos paramilitares disminuyó dramáticamente. En las dos ocasiones las cifras totales de violencia cayeron, y en ambas, la gente que sufría bajo su yugo de terror se alcanzó a ilusionar con que por fin sería liberada.

En los noventa se enfrentó a las bandas con leyes, como aquella que permitió a los civiles organizarse en grupos armados (Convivir). También se persiguió a los jefes, lo mismo que se hizo con los ‘narcos’, pero los caídos fueron reemplazados rápidamente y el negocio siguió impávido. Así, de las cenizas del paramilitarismo de los ochenta, renació a la vuelta del siglo el de las Auc, más feroz y resistente.

Por eso es probable que repetir la receta no sirva. Cortan cabezas a cada rato (dice el ministro Pinzón que van 12 en este año, la última de ellas la de Diego Rastrojo, quien fue capturado en Venezuela esta semana). Y sin embargo, los horrores no cesan en Córdoba, ni en Chocó, ni en Nariño. Y ahora se viene esto de darle mayor maniobra legal a la Fuerza Pública para reprimir. No tardan en proponer que se les permita a los civiles tener armas de alto poder para defenderse. Insistir en más de lo mismo es fracasar de antemano.

Para encontrar salidas novedosas hay que atreverse a mirar el problema como es: unas bandas armadas de jóvenes sin futuro —el 80 por ciento de los capturados tienen entre 18 y 23 años— al servicio de diversos intereses ilegales (narcotráfico, minería ilegal, robo de gasolina, captura de rentas públicas) o, en ocasiones, incluso legales (política, minería, ganadería, agroindustria).

Por eso las caras de las bacrim son múltiples. Van desde los 50 ganaderos que se organizaron hace unas semanas en Cesar para armar a unos muchachos que los “defiendan” porque la extorsión los tiene desesperados, hasta la red de turismo sexual de niños y niñas de ‘Los Urabeños’ en Cartagena, según lo reveló la reciente investigación de la valerosa periodista Jineth Bedoya sobre las violaciones sexuales de esta banda. Y también son las ‘Águilas Negras’ de Urabá, que en marzo pasado asesinaron a Manuel Ruiz (con su hijo Samir) que defendía los derechos sobre sus tierras en Curbaradó.

No hay bala de plata para enfrentar este ubicuo y funesto fenómeno. Además de la diversidad de negocios e intereses locales que representan, en Colombia, como en México y en Centro América, algunas bandas están conectadas con poderosas organizaciones criminales internacionales. Por eso urge pensar más en serio, más allá del sonsonete de “leyes contundentes” y “golpes certeros”, cómo desbaratar estas bandas y desenmascarar a sus auspiciadores, que curiosamente son los que siempre suelen arreglárselas para quedar en la impunidad.