¿Santos contra el Sistema Interamericano?

Dentro del país, el presidente Santos se muestra comprometido con los derechos de las víctimas y las instituciones que las protegen. Pero su política exterior va en la dirección contraria. Lejos de las cámaras, en reuniones a puerta cerrada, la canciller Holguín y otros funcionarios se han vuelto aliados del esfuerzo de Rafael Correa, Hugo Chávez y Daniel Ortega por recortar los poderes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, con ello, los de la Corte y el Sistema Interamericano en general. Con el apoyo de Colombia, los caudillos están persiguiendo el sueño que tuviera Fujimori en los noventa: acabar con los únicos organismos que han podido incomodar a los gobiernos autoritarios y ofrecer un último recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Para ello, los países contrarios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) habían propuesto recortarle poderes esenciales. Entre las reformas está acabar con la autonomía y la financiación de la Relatoría de Libertad de Expresión, que ha documentado y denunciado la persecución contra los medios en Ecuador, Venezuela y otros países. Se propone también impedir que la CIDH resalte en sus informes a países con situaciones graves de derechos humanos, como Colombia, o que expida medidas urgentes para proteger a personas en riesgo inminente (medidas que tampoco parecen gustarle a la canciller Holguín, aunque hayan salvado a cientos de víctimas como los líderes desplazados que el presidente Santos celebra ante las cámaras).

Hasta ahora las propuestas eran meras sugerencias a la CIDH. Pero todo cambió la semana pasada en Bolivia. En una cumbre a la que suelen asistir sólo cancilleres, el presidente Correa llegó con todo para “poner en su sitio” a la “burocracia internacional”, como dijo en la víspera. Y lo logró: gracias al apoyo, entre otros, del gobierno colombiano, la asamblea de la OEA concluyó con una resolución para concretar las reformas a la CIDH en un plazo de seis meses. Por primera vez desde su creación, en 1959, la CIDH sería reformada sin el consentimiento de sus miembros, como lo dijo The Economist.

La contradicción del Gobierno colombiano raya en el absurdo si se tiene en cuenta que acaba de hacer campaña exitosa para elegir a Humberto Sierra como juez de la Corte Interamericana. Dado que también son colombianos un miembro de la Comisión y la titular de la Relatoría de Libertad de Expresión, que es el blanco principal de Correa y sus aliados, somos el país que tiene la presencia más nutrida en los órganos del Sistema Interamericano.

¿A quién le cabe en la cabeza debilitar un sistema en el cual ha peleado para tener mayor participación? ¿Cómo se entiende que el mismo Gobierno, que reivindica a las víctimas y reconoce la responsabilidad del Estado en violaciones de derechos humanos, quiera dejar sin piso a los órganos internacionales cuyas sentencias y recomendaciones son la base jurídica de esas políticas?

Quizá sea un asunto de coordinación: que las problemáticas posiciones sobre el Sistema Interamericano de funcionarios como la canciller Holguín o el defensor del Estado, Fernando Carrillo, estén saliéndose del libreto presidencial. O puede que todo sea parte de una estrategia deliberada, aunque dudo que el presidente-periodista quiera pasar a la historia como artífice del entierro de la Relatoría de Libertad de Expresión y de la CIDH en general.

Quedan seis meses para saberlo. También para que los medios, la academia, la sociedad civil y los sectores independientes en el Congreso hagan el control social y político de la agenda internacional de derechos humanos. Y para tratar de salvar el Sistema Interamericano.