De cuerpo entero

La humillación de patria que sufriremos los ciudadanos cuando la Nación tenga que extraditar a un general —¡general!— para que un tribunal de otro país lo juzgue por su presunta participación en redes de narcotráfico, asesinatos selectivos y paramilitarismo, es responsabilidad directa de los más altos dirigentes de Colombia, aquellos que gozaron y gozan aún de la admiración de una masa mal informada y peor formada. No hay que permitir que adornen otra vez la realidad. Por el contrario, es necesario decir quién fue quién y cuál papel desempeñaron los actores y actrices de la época, en el libreto de impunidad que se trazó desde la Casa de Nariño para lograr el ascenso de un oficial, a pesar de que había sido destituido por violaciones gravísimas a la ley.

Álvaro Uribe fue gobernador de Antioquia de 1995 a 1997. El entonces coronel Mauricio Santoyo era el comandante del Gaula de la Policía con sede en Medellín. En mitad del período, 1996, hubo un gran escándalo cuando —con el impulso del gobernador Uribe— el Gaula detuvo al alemán Werner Mauss bajo sospecha de ser secuestrador. Dos años más tarde un fiscal local pidió investigar al exgobernador, a su antiguo secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, y a Santoyo por supuestas irregularidades y torturas cometidas en desarrollo de esa captura. Entre 1997 y 1998 el Gaula Medellín ejecutó una operación masiva de interceptaciones telefónicas (más de 1.700), sin orden judicial, que sería investigada penal y disciplinariamente en los años siguientes.

El 7 de agosto de 2002, Álvaro Uribe, nuevo presidente de la República, posesionó como su secretario de Seguridad al coronel ya procesado y lo sostuvo hasta 2006 pese a que en 2003, por decisión del procurador Edgardo Maya y de su viceprocurador Gómez Pavajeau, él (Santoyo) y ocho de sus subalternos fueron destituidos por las faltas “gravísimas” cometidas en torno a esos hechos. En contraste, el fiscal Luis Camilo Osorio, el funcionario del que el mandatario dijo que lo mandaría a “clonar”, cerró la investigación a favor del oficial y su grupo “por falta de pruebas”.

En mayo de 2006, una sala del Consejo de Estado de tres magistrados, entre ellos Alejandro Ordóñez, le entregó el pase a la gloria: suspendió —hasta el día de hoy— la sanción. Se inició de inmediato un operativo estatal para darle el grado de general al consentido presidencial. En 2007 una junta de la Policía aprobó su nombre. La Comisión Segunda del Senado, con votos del uribismo parlamentario (Carlos Barriga, Jairo Clopatofsky, Manuel Enríquez Rosero, Ricardo Elcure -q.e.p.d.-, Luis Humberto Gómez Gallo, Adriana Gutiérrez, Martha Lucía Ramírez y Manuel Ramiro Velásquez) desoyó las advertencias de Cecilia López, Juan Manuel Galán, Jesús Piñacué y Alexandra Moreno, y ratificó el ascenso de Santoyo. Poco después fue enviado a la misión diplomática de Roma por el gobierno Uribe. Y, por último, recibió una medalla de su jefe el presidente, quien se la entregó casi al borde del llanto de la emoción.

Hoy, el benefactor permanente del general imputado por Estados Unidos se lava las manos. Ordóñez no aparece. Los senadores que votaron por él guardan silencio o falsean su actuación. La decisión definitiva sobre la destitución de Santoyo continúa sin resolverse en la justicia colombiana. Nada se sabe aquí. Las espaldas de los dueños del Estado son muy amplias y no traslucen la verdad. Mucho menos dejan ver la posición moral y política de cada cual.