Yo no fui

Con su habitual audacia, Uribe declaró simplemente que él no tenía nada que ver en el asunto. Esta vez le echó el agua sucia a la Policía, no a la Corte estadounidense; porque hasta para el ídolo de José Obdulio proponer que ella es parte de un complot jurídico-narco-terrorista en su contra resulta ya un plato demasiado fuerte. El general Naranjo dijo que si hubiera tenido “evidencia seria” contra Santoyo no lo hubiera propuesto para la promoción. Numerosos políticos se manifestaron en el mismo sentido. Según Ordóñez, “el actual procurador” —porque éste es otro que no nos ahorra el ridículo de referirse a sí mismo en tercera persona— no participó en ninguna absolución del hoy general. Y así sucesivamente.

Varias de estas defensas suenan razonables, pero ninguna lo es. Con respecto de Uribe, hay que decir que Santoyo fue miembro de su entorno de seguridad cuando el primero fue gobernador de Antioquia y el segundo supuestamente cometió los delitos que se le imputan. Y es claro, según lo reveló este diario en días pasados, que su promoción fue apoyada por la bancada gubernamental con entusiasmo. Por lo demás, no es el primer episodio de esta clase del que nos enteramos. Uribe fue muy ágil para rodearse de “buenos muchachos”. Lo que protegió a Santoyo fueron precisamente dos factores: contar con el apoyo del uribismo profundo, y con la anuencia de una cantidad grande de políticos y técnicos que, sin tener vinculaciones siniestras, se esforzaron desesperadamente por no verlas allí donde eran obvias. No estamos hablando de un elefante, sino de una bandada de mamuts, que corrían, bramaban y rompían la estantería, mientras que la gente que ahora quiere escamotear su responsabilidad miraba al techo y tomaba té con galletitas.

Yo comparto sin resquicios la idea de que los actos de las figuras públicas deben ser evaluados de acuerdo con la información disponible en el momento y con los valores de los contemporáneos. Pero... Cuando Naranjo estaba promoviendo a Santoyo, éste ya había sido sancionado por transgresiones gravísimas. Cuando magistrados del Consejo de Estado suspendieron la sanción a Santoyo gracias a una deplorable leguleyada, estaba claro el calado y la magnitud de las acusaciones que pesaban contra él. Cuando los políticos del Congreso aprobaron la promoción de Santoyo, hubo figuras para recordarles lo que estaba en juego. Estaban pues a disposición todas las evidencias posibles. Eran muchas, y muy serias. La única manera de explicar que fueran desestimadas es la decisión de no verlas y no oírlas.

Por eso hay una lección más de fondo. De todas las defensas de su comportamiento que hicieron los protagonistas de la decisión, la menos débil, la más sincera, pero a la vez la más diciente, fue la de Marta Lucía Ramírez. En su versión, apoyó a Santoyo simplemente porque eso fue lo que proponía la Policía. Plausible: pero terrible. Este es uno de los nodos de nuestra pesadilla en derechos humanos: que haya un grupo de políticos no involucrados directamente en su violación, pero dispuestos a suspender el juicio cada vez que entra en juego el sector de seguridad. He criticado la posición antimilitarista ingenua. Esta es gente que pone en juego su pellejo para defender a la ciudadanía, y merece muchas consideraciones especiales. Muchas. Pero no la de poder involucrarse con paramilitares y narcos, espiar a la oposición o violar brutalmente los derechos de civiles. ¿La solidaridad de algunos políticos con la Fuerza Pública implica también ignorar sistemáticamente los abusos?