Un modelo perverso

Ante la mirada bonachona del ministro Juan Carlos Esguerra y amparados por la indulgencia del presidente Santos para con ellos, los congresistas conciliadores borraron las prácticas que establecía la ley como causa para sacarlos de su cargo. Si bien estas inhabilidades ya figuran en otras normas, y si los congresistas las violan, pueden perder su curul, el gesto de borrarlas de un brochazo es diciente.

Por otra parte, los conciliadores terminaron relativizando además las faltas éticas que dan lugar a la pérdida de la investidura. Así, si algún congresista se encuentra investigado por algunas de esas causas, el contencioso-administrativo puede suspenderlo o expulsarlo, dependiendo de la gravedad. Como si la ética de la investidura parlamentaria fuese medible en grados, y alguien que deshonró el cargo, si apenas lo deshonró un poquito, se va solamente por un año. ¿Será que a quien se le compruebe que tiene con contratos públicos utilizando testaferros lo suspenden o lo echan, según si el monto de los contratos era pequeño o grande?

Peor es lo que hicieron frente a la veintena de gobernadores y exgobernadores a quienes estaba investigando la Fiscalía por posibles nexos con el paramilitarismo. Estos casos y otros procesos delicados que llevaba la Fiscalía, como los que se derivaron de las chuzadas del DAS a opositores del gobierno Uribe con posible complicidad de la Casa de Nari; o de la fiesta de subsidios a los amigos del exministro Andrés Felipe Arias, pasan a una sala nueva que será creada en la Corte Suprema. Y según informó este diario, la misma Corte había dicho que si se le cambia de juez a alguien a mitad de camino, el proceso quedaría nulo.

Estarán de fiesta los mandatarios regionales en “Villa Piquis”, el mote cariñoso que los honorables reos le pusieron al pabellón de políticos de La Picota.

Como cereza del ponqué, la reforma prácticamente deja eliminada la prohibición de volver a la política que tenían los congresistas condenados. Si la nueva ley pasa el control constitucional, éstos se evitarán la pantomima de buscar ser elegidos en los cuerpos ajenos de hijos o esposas.

Es cierto que con esta reforma, a los congresistas –con excepción de los 10 representantes y los 16 senadores que votaron en contra– se les vio la moral resbalosa con la que representan los intereses del pueblo. Pero, si se mira más al fondo, la aprobación de esta reforma, más que un asunto de individuos corruptos, desnuda cuán agotado está nuestro modelo de gobierno.

Desde que me conozco, los presidentes colombianos han repetido el santo credo de la repartición de los cargos, la distribución de los contratos y la alcahuetería a los peores líderes regionales. Pero cuando la corrupción se desborda y la asqueada ciudadanía exige cambio, como en el proceso 8000 o en la parapolítica, le arrojan a la justicia (tampoco ajena del todo a la politiquería) la espinosa tarea de limpiar la escoria que deja su preciado modelo. Después, los congresistas, que son los que más suelen pagar los platos rotos, reviran pues se sienten culpables sólo de haber bailado al son que les han tocado ministros y presidentes. Y éstos últimos, como buenos practicantes de la fe clientelista, alegan que ésta es obligada exigencia para la gobernabilidad, sin importarles demasiado que con frecuencia vaya untada de sangre y de injusticia.