Perdimos todos

Lo que inició como una discusión necesaria para descongestionar despachos judiciales y corregir profundas fracturas institucionales que rompían el equilibrio entre los poderes públicos, terminó siendo un esperpento en edición de lujo. No sólo se incorporaron de manera ilegal toda clase de temas en las conciliaciones, sino que además, hay que reconocerlo, los asuntos que ya venían aprobados en los debates anteriores tampoco establecían soluciones de fondo para la compleja situación en la que se encuentra la justicia. Por ello, nada pierde el país con que toda la reforma se hunda, y se entierre de una vez por todas una modificación constitucional que cargaría con el lastre de la ilegitimidad propia de haber sido votada a la carrera, sin que hubiese sido analizada por los protagonistas que la sacaron adelante.

A pesar de lo anterior, lo más grave de todo este incidente no es el debate puntual sobre la suerte de la reforma y los responsables del desastre. Por supuesto que esperamos identificar a los autores de los micos y entender cómo es posible que el Gobierno impulsara la votación de un proyecto sobre el cual había perdido el control, sin comprender los riesgos a los que se enfrentaba. Debe haber responsabilidad política.

Pero lo más preocupante son las consecuencias institucionales del fracaso. En primer lugar, el Congreso profundiza las causas de su desprestigio. No es fácil recordar un episodio reciente, tan deplorable como el que hemos presenciado. Los temas incorporados y la vulgaridad en el procedimiento utilizado para garantizar su aprobación no tienen precedentes. Las consecuencias de lo sucedido no terminarán con la sepultura de la reforma a la justicia, sino que se extenderán hasta el 2014, fecha en la cual termina el período constitucional de este Congreso. ¿Se imaginan ustedes lo que podrá suceder en el trámite de la reforma tributaria que el Gobierno ha anunciado que presentará en la próxima legislatura?

En segundo lugar, se ha perdido la oportunidad histórica de hacer una verdadera reforma a la justicia. El país lamentará por muchos años la incapacidad institucional de los tres poderes públicos para ponerse de acuerdo y sacar adelante una modificación constitucional que signifique una mejora sustancial en la vida de los ciudadanos. No habrá fácilmente, como los hubo hasta ahora, un escenario y un ambiente más propicios para impulsar un asunto de semejante envergadura. Seguramente de forma lenta pero firme, tomará fuerza la idea de una asamblea constituyente con programa previo, para abordar exclusivamente este tema que, parece ser un hecho, no es posible tramitar en el Congreso.

En tercer lugar, es probable que se complique la gobernabilidad del presidente en el Congreso. Ahora, con elecciones a la vista, todos quieren complacer a la opinión y hay temas en la agenda legislativa que no propiamente son de agrado ciudadano.

Con lo que pasó, perdimos todos, pues no es claro cómo y por dónde podremos ahora enmendar los problemas que tiene la justicia.

Twitter: @NicolasUribe