Justicia apropiada

Para lograr este propósito, los congresistas, o, más precisamente, las mayorías en el Congreso, lideradas por el Gobierno, distribuyeron beneficios (sobre todo fueros) a diestra y siniestra entre los funcionarios de las altas cumbres del Estado. Así, por ejemplo, ahora el procurador y el contralor sólo podrán ser juzgados a través de un juicio político en el Congreso y ello incluso cuando cometan delitos comunes no relacionados con el ejercicio de sus funciones. Los magistrados obtuvieron la ampliación de su período de 8 a 12 años (el parágrafo transitorio habría podido decir que esa norma se aplicaba sólo para los nuevos magistrados, pero no lo dijo así). Además, la Corte Suprema y el Consejo de Estado obtuvieron la cooptación plena, es decir, la posibilidad de nombrar a sus propias vacantes (lo cual agravará los ya serios problemas de transparencia que existen al interior del poder judicial).

Y claro, los que más recibieron fueron los congresistas. Estos son algunos de los regalos que ellos mismos se hicieron: 1) eliminaron la detención preventiva, lo cual significa que, por ejemplo, si un congresista (o cualquiera de los aforados) viola a dos mujeres y se teme que reincida, no se le puede detener durante la etapa de investigación, como ocurre con los demás ciudadanos; 2) crearon una sala especial para que los investigue, la mitad de cuyos miembros tiene origen en el presidente, es decir, muy probablemente, en la coalición de gobierno a la cual ellos pertenecen; 3) le otorgaron fuero especial ante la Corte Suprema a los secretarios generales del Senado y la Cámara, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, al registrador nacional del Estado Civil y al auditor general de la Nación; todos ellos, funcionarios muy cercanos al Congreso; y 4) hicieron más flexible la pérdida de la investidura gracias a un procedimiento más engorroso y con menos causales.

Es cierto que la reforma tiene cosas positivas (como la supresión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura), pero lo esencial de su contenido está destinado a crear fueros judiciales para los altos funcionarios del Estado. Nada, o casi nada, se hace para remediar los grandes problemas de la justicia que le interesan al ciudadano del común: la falta de acceso, la impunidad, el clientelismo y la falta de transparencia de los jueces, etc.

Esta reforma fue hecha, repito, por los congresistas y para los congresistas, no, como debería ser, por los representantes del pueblo y para el pueblo. Por eso, por tener beneficiario propio y por modificar (con tales beneficios) el alma de la Constitución, que es el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes, la reforma debería ser declarada inconstitucional, de la misma manera que lo fue el referendo reeleccionista del presidente Uribe.

Cuando termino de escribir esto, el presidente sale por la televisión a decir que no está de acuerdo con la reforma y que la devuelve al Congreso. Lo menos que uno puede decir es que Santos se dio cuenta demasiado tarde de algo que era evidente hace rato. Ahora nadie sabe cómo resolver este asunto. Lo mejor, creo yo, es buscar algún mecanismo para derogar esta reforma y empezar de nuevo. Tal como lo hemos venido diciendo muchos desde hace por lo menos un año.