Reforma pecaminosa

Lo que ha sido calificado por muchos sectores como un atropello precisamente a la justicia, es la muestra vergonzosa de las aspiraciones autocráticas de Santos, principal impulsor junto con su ahora ex ministro de Justicia, del mencionado adefesio.

El santismo montó un Congreso de bolsillo con el propósito de someter a la justicia y a las cortes a sus ambiciones. Además, se trata de una especie de “contrarreforma” a la Constitución del 91 y del triunfo maquiavélico de aspiraciones retardatarias y de claudicación ante la impunidad. Lo que acaba de expresarse en la aprobación de la reforma judicial, aparte de los denominados “micos”, es una manguala descomunal entre congresistas y magistrados. Unos y otros, blindados; arropados entre sí. Intocables. ¡Qué justicia, arrodillada a los bancos y privatizada!

El renunciado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, ha dicho que fue engañado y que le “anotaron goles” en el texto de la reforma judicial. Y quiere hacerse aparecer como víctima de una suerte de complot, que lo aisló de los momentos cumbre de la conciliación de la reforma. ¿Y por qué no dice quiénes fueron sus victimarios y cuáles sus verdaderos objetivos? Bueno, pero por lo menos tuvo la gallardía de renunciar y de asumir la responsabilidad política, cuando lo que aquí se estila es exactamente lo contrario.

En el pasado gobierno, el del señor del Ubérrimo, se presentó un choque entre el Ejecutivo y las Cortes, que enfermó la institucionalidad. Ahora se hace el tránsito a la confabulación entre los órganos judicial y legislativo. Qué país este en el que siempre se está amparando la defensa de los intereses de minorías, las mismas que mantienen, desde tiempos viejos, el poder y el actual estado de cosas. Antes fue el uso de conspiraciones y complots para derribar a la Corte Suprema de Justicia y nombrar una que consintiera y avalara los caprichos autoritaristas del mandatario; ahora, es la cooptación de aquélla para unos y otros cuidarse la espalda.

Es posible, como advierten los trabajadores de la rama judicial, que se necesite una reforma a la justicia, pero no el atentado contra la Constitución que montaron los congresistas, algunos de ellos con urgencias de impunidad, y en la que hubo por debajo de la mesa intercambios de favores con magistrados. No fue una reforma para promover la rapidez en la solución, por ejemplo, de cerca de dos millones seiscientos mil procesos judiciales estancados a diciembre de 2011, en la que se constituye en la séptima administración de justicia más lenta del mundo. Ni tampoco para evitar las congestiones y la ineficiencia. Se trató de una maniobra de infamia contra el pueblo.

Un caso llamativo, y muy discutido estos días, es el del freno a la Corte Suprema. En la vigencia de la Constitución del 91, este organismo investigó y condenó a decenas de congresistas por escándalos y delitos relacionados con la parapolítica. La reforma le quitó a la Sala Penal los casos contra los senadores y representantes y se los entregó a dos salas que todavía no existen. De tal modo que si ahora hay impunidad a granel, no nos extrañemos con que ésta aumente. Dentro de poco, los parapolíticos estarán de patitas en la calle, muertos de la risa y planeando nuevas picardías.

Antes de que, como en el cuento del gran escritor de Praga, el guardián cierre las puertas de la Ley, el pueblo colombiano debe soliviantarse contra el engendro e ir hasta las últimas consecuencias hasta pulverizarlo. Al principio, Santos pareció no hacer caso a la indignación ciudadana. Ahora, que la misma crece por doquier, tendrá que disimular su esencia autoritaria y someterse a la voluntad popular, que, como se ha dicho, quiere justicia pero no una reforma esperpéntica como la aprobada por unos patanes.