Sembrar dudas

“El narcotráfico se acaba este año… Vaya usted a Putumayo y búsqueme un arbusto de coca. Lo podemos negociar. No hay uno”, dijo en enero de 2003. Más recientemente varios funcionarios, instigados por la caída del área sembrada en el año 2010, hicieron pronunciamientos similares, anunciaron una victoria definitiva en la lucha contra los cultivadores de coca y sus patrocinadores. Como en la guerra contra las Farc, la extrapolación optimista de los éxitos parciales llevó a un error de pronóstico, al anuncio apresurado del fin del fin. La mata que mata sigue viva. Paradójicamente.

Esta semana se conocieron casi furtivamente (ya explicaremos) las nuevas cifras sobre la extensión y la distribución regional de los cultivos de coca. En 2011, la tendencia descendente cambió de signo y el área cultivada aumentó 3%. El área total subió a 64 mil hectáreas. Desde el año 2004, ésta ha fluctuado entre 80 mil y 60 mil hectáreas. Los cambios en el agregado nacional han sido relativamente menores. Pero la estabilidad nacional esconde grandes diferencias regionales. La geografía de la coca, sobra decirlo, tiene mucho que decir sobre la geografía del conflicto colombiano.

El sur de Colombia se ha consolidado como el epicentro de los cultivos ilícitos. Los cultivos de coca han aumentado en las zonas tradicionalmente dominadas por las Farc. En Putumayo, por ejemplo, las Farc han retomado el control de las arterias fluviales, lo que ha facilitado la operación del negocio en general y el movimiento de los insumos y precursores químicos en particular. Las Farc están financiando activamente la resiembra de coca y usando los territorios colectivos para ampliar el área cultivada. Actualmente una de cuatro hectáreas sembradas con coca está ubicada en un resguardo indígena o en territorio de negritudes. En suma, en el sur de Colombia, el fortalecimiento de las Farc ha llevado a un crecimiento de los cultivos ilícitos. Y viceversa.

Por el contrario, en Antioquia, Córdoba y Bolívar el área sembrada con coca ha caído significativamente. Los capitales ilegales y la mano de obra se han movido del negocio de la cocaína hacia una actividad más lucrativa y de más difícil control: la minería ilegal. En el bajo Cauca y en el sur de Bolívar, por ejemplo, las bandas criminales han obligado a muchos pobladores a dejar los cultivos de coca y a moverse a la minería de oro. Paradójicamente lo que no pudo la mano dura del Estado, lo está pudiendo la mano invisible del mercado. Sea lo que sea, la geografía de la ilegalidad está redefiniéndose: cocaína en el sur y en la frontera con Venezuela, minería ilegal en Antioquia, Bolívar y Córdoba, ambas actividades en Chocó y extorsión en todas partes.

Pero más allá del análisis sustantivo existe un hecho preocupante. Esta semana el Gobierno impidió la presentación oficial de los últimos datos del sistema satelital de monitoreo y medición de cultivos ilícitos (SIMCI), que coordina la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Delito. Ojalá los problemas políticos no lleven a la manipulación sistemática de la información socioeconómica y las estadísticas oficiales. Las angustias electorales no deberían empañar la urna de cristal.