¿Qué más queremos? Que nada siga igual

Los protagonistas del asalto al interés general en la mal llamada reforma a la justicia no parecen haberse arrepentido, fuera de unas cuantas expresiones cargadas de hipocresía, de lo que generaron cuando intentaron privilegiarse y blindarse con la Constitución. Al contrario: cada quien se declara víctima de otro y se recriminan entre sí, no por la inmoralidad de sus actos sino por su deslealtad.

Empecemos por el Gobierno. El exministro de Justicia renunció, cierto, y asumió la “responsabilidad política” del fracaso de su gestión con cara de chivo expiatorio que se sacrifica por generosidad, pero no le rindió cuentas al país sobre sus meses de sumisión ante el Congreso. El ministro de Hacienda, en su inconmensurable soberbia, se creyó vilipendiado por la prensa y se atrevió a maltratarla porque ésta reveló que él estampó su firma, sin objeción de conciencia alguna, en un decreto que incrementaba más el sueldo ya millonario del sumo pontífice del Senado, su secretario general. Y el presidente Santos todavía sostiene a estas alturas de la vida, en entrevista con María Isabel Rueda, que su administración ¡“no avaló” la impunidad parlamentaria ni el aumento del período y edad de retiro de los magistrados! Por contera, se queja: “Se me cayó el ministro... Bajé 15 puntos (en las encuestas) ¿Qué más... quiere...?”.

Sigamos con los señores del parlamento. Su presidente, un ser amoral que tiene la capacidad de producir indignación siempre que actúa o habla (auxilio oficial para la gasolina de sus vehículos también oficiales, líos electorales en su región, repartición de jugosas entidades públicas) anuncia, no su retiro, como esperaría la sociedad decente, sino un “plan B” para sustituir la fallida reforma a la justicia con otro proyecto que presentará el 20 de julio con el fin de darle más armas al Legislativo, porque ahora es “muy débil”. Insistirá, según señaló baladrón, en fortalecer su fuero y el de sus colegas para impedir las investigaciones en su contra, ojalá imponiendo la resolución de los juicios penales en el Capitolio y de acuerdo con lo que propuso en septiembre de 2011: “… se votaría internamente si con las pruebas que mande la Corte (Suprema), la persona (el parlamentario) tiene vínculos con el paramilitarismo, con la izquierda (!!!), con el narcotráfico, con cualquier delito, y de ahí se votaría en el Congreso... en secreto (para que no haya problemas)”.

Terminemos con la Rama Judicial. Los colombianos continuamos esperando un mea culpa de las cortes para que recuperen un mínimo de autoridad ética en sus fallos. Ni un solo magistrado ha rectificado las versiones que circularon acerca de las mil lagartadas que les ofrecieron a los parlamentarios para pedirles, suplicantes, que les dieran el don de la continuidad en el Palacio de Justicia. Ni uno. Apenas se defienden con la timidez de quien carga muchas culpas. El procurador ladino intenta sobrevivir apoyando tardíamente la constitucionalidad de la Ley de Víctimas, y ni para qué referirse al rol que ha jugado el nuevo fiscal general. El jefe de Estado se pregunta qué más quiere Colombia después del desprestigio que sufrió la institucionalidad nacional. Le contesto, segura de que esto respondería el colectivo popular: que nada siga igual.