Opinión |10 Jul 2012 - 11:00 pm

Colombia y su estrategia REDD+

Por: Juan Pablo Ruiz Soto

Colombia, al igual que otros países latinoamericanos como México, Costa Rica, Panamá, Perú y Argentina, está preparando su estrategia nacional para la Reducción de la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD+, por su sigla en inglés).

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El país más avanzado en este tema en América Latina es Costa Rica, único en la región que anualmente incrementa su área de bosques. Los demás países, año por año, perdemos parte de ellos. Para el caso colombiano, en el informe REDD+ se presenta la cifra de 335.000 hectáreas de bosque talado anualmente.

En la etapa de diagnóstico se identificaron como motores de la deforestación en Colombia: la expansión de la frontera agropecuaria para agricultura y ganadería, los cultivos ilícitos, la reubicación de población desplazada, el desarrollo de infraestructura y la minería. Ahora, el país entra en la etapa de consulta y definición de cómo frenar el proceso de deforestación. Esto debe llevar a un amplio y comprensivo diálogo entre las diversas fuerzas sociales involucradas, incluidos el Gobierno y sus diferentes ministerios, para articular intereses encontrados que hoy están impactando nuestros bosques, generando su degradación y destrucción.

En el documento REDD+, el gobierno de Colombia se compromete a diseñar y poner en ejecución cuatro estrategias en relación al cambio climático: uno, mitigación de futuras emisiones de gases de efecto invernadero, mediante la Estrategia Nacional de Desarrollo Bajo en Carbono; dos, como parte de lo anterior, la definición de la Estrategia Nacional REDD+; tres, la ejecución del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, y cuatro, una estrategia financiera para afrontar los desastres asociados al cambio climático. Los compromisos no contradicen el Plan Nacional de Desarrollo, pero los temas ambientales deberán ser eje del desarrollo nacional si se pretende alcanzar las metas propuestas.

Para avanzar, en el documento REDD+ se propone una aproximación interinstitucional, desmontar incentivos perversos asociados a la deforestación y conseguir una consistente integración entre los diversos sectores. Se plantea iniciar de manera regional, con énfasis en el Pacífico y la Amazonia. Dada la importancia de los grupos indígenas y afrocolombianos en estas zonas, el Gobierno propone una moratoria para iniciar la ejecución de proyectos REDD+ en territorios colectivos, con el objeto de ampliar la consulta y llegar a acuerdos con las comunidades.

La intención gubernamental parece clara y positiva; falta ver si se hace efectiva. Todos sabemos que al interior de la sociedad y del mismo Gobierno se mueven muchas fuerzas que son difícilmente movilizadas por objetivos ambientales y de sostenibilidad. El discurso del Gobierno en el ámbito de las Naciones Unidas y lo avanzado hasta ahora en el programa REDD+ nos alientan a pensar que el país asumirá con seriedad los compromisos establecidos. Amanecerá y veremos, pues de momento hay acciones sectoriales y gubernamentales que no apuntan a la sostenibilidad del desarrollo.