Cambiazo judicial

El asunto es grotesco. Ricaurte y Tarquino fueron dos de los varios magistrados que se sentaron a manteles con ministros y parlamentarios, haciendo lobby para que en la reforma a la justicia se prorrogaran sus períodos de 8 a 12 años, y la edad de retiro forzoso de 65 a 70 años. Aunque fracasaron en su intento de quedarse cuatro años más, no suspendieron las maniobras para continuar siendo magistrados, así sea del Consejo de la Judicatura.

Para que se entienda la tramoya que se está ejecutando, es preciso poner en contexto las cosas. En el Consejo de la Judicatura dos de sus magistrados, precisamente los elegidos por la Corte Suprema de Justicia, tendrán que dejar sus cargos por vencimiento de sus períodos. Se trata de Francisco Escobar y Jorge Castillo Rugeles, dos insignificantes abogados que allí llegaron también por las maquinaciones del poder judicial, tantas que el último fue nombrado cuando ya tenía edad de retiro forzoso.

Pues bien, ahora que Escobar y Castillo dejan sus cargos, la Corte Suprema, en vez de enmendar la terrible equivocación en la que incurrió nombrándolos, desafía a la ciudadanía, entregándoles esas posiciones a dos de los suyos, Ricaurte y Tarquino, justamente a quienes casi logran que se aprobara la reforma a la justicia. Es tal la voracidad, que ni siquiera advirtieron que la abortada reforma a la justicia prohibía a un exmagistrado ser nombrado en otra Corte, al menos dentro del año siguiente a su retiro.

Es insólito que, como el período de Francisco Ricaurte vencerá a finales de septiembre, estén aplazando con marrullerías la designación del nuevo magistrado del Consejo de la Judicatura, para poder nombrarlo cuando termine sus funciones, cosa que no pueden hacer mientras esté en la Corte.

Justo es reconocer que hay magistrados que están en desacuerdo con este procedimiento impúdico y cínico, pero lamentablemente la voz cantante la lleva la aplanadora clientelista.

Claro que no hay ley que prohíba a un exmagistrado recién salido de la Corte ser miembro del Consejo de la Judicatura por designación de la corporación a la que perteneció. Pero hay cosas que la decencia y el pudor no toleran, como transformar las altas cortes en clubes de compadrazgos y privilegiados. Que Ricaurte y Tarquino se trasladen de una oficina a otra, implica colocar dos alfiles de la camarilla que se apoderó del poder judicial, en el organismo que elabora las listas para llenar vacantes en el Consejo de Estado y la Corte Suprema. En otras palabras, el Consejo de la Judicatura, sobreviviente de la reforma a la justicia, en vez de poder enderezar el rumbo de sus yerros, con los nuevos magistrados que recibirá en los próximos días, seguirá siendo escenario del clientelismo irritante.

Y para colmo de males, el Gobierno, por recomendación del procurador y la contralora, nombra ministra de justicia a Ruth Stella Correa, y vaya uno a saber si también por influencia de su cercano amigo, el exsecretario jurídico de Palacio Edmundo del Castillo. La nueva funcionaria, al referirse al papel de la mujer en la defensa del género, no tuvo inconveniente en aplaudir a Ilva Myriam Hoyos —otra ficha de la Procuraduría en la antesala de la Corte Constitucional—, paradójicamente la señora que con su campaña antiaborto ha desconocido los derechos de muchas mujeres. Dudo que esta exconsejera de Estado —fruto del yo te elijo, tú me eliges y entre todos nos elegimos— pueda impedir la afrenta a la Nación que se cocina en la Corte. El mal hizo metástasis.

No pierdo la esperanza. Ojalá esa misma sociedad que paró la inmoral reforma a la justicia, impida que se concrete el asalto al decoro y la majestad de la justicia que desde la Corte Suprema está por perpetrarse.

Adenda. Para que no sufra más el niño pastuso que lloró por las “injusticias” contra su equipo amado (http://www.youtube.com/watch?v=cFGO7sVE1sc) ¡Que viva Pasto, carajo!

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