Los fiascos legislativos

Las iniciativas oficiales en materia de salud, educación y mercado laboral han sufrido serios descalabros y los anuncios de reformas tributarias y pensionales murieron antes de divulgarse. La explicación se encuentra en el debilitamiento del Estado Social de Derecho.

Una de las primeras gestiones de la actual administración, siguiendo la línea de la anterior, residió en la aprobación del acto legislativo de la Regla Fiscal, que condiciona los programas públicos a la austeridad presupuestal. La prioridad fiscal que la Constitución de 1991 le asignaba al gasto social se relegó a segundo lugar.

El primer fiasco fue el de la educación. El Gobierno presentó como solución a la financiación de la educación superior la privatización y el lucro individual. Ante el rechazo unánime de los estudiantes, que encontraron que esa solución acentuaría las inequidades de educación, el Gobierno se vio obligado a retirar el proyecto de ley. Lo grave es que nunca se remediaron las necesidades financieras que motivaron el proyecto.

La reforma a la salud, que no fue otra cosa que la respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional de igualar el régimen subsidiado y el contributivo mediante cotizaciones diferenciales, resultó peor que la enfermedad. Como lo señalé en la última columna, constituye un incentivo para que las EPS les suministren servicios de mala calidad a los sectores menos favorecidos o simplemente los excluyan. No me equivoqué. Al día siguiente de la implantación de la nueva disposición, en forma sorprendente varias de las EPS anunciaron que dejarían de prestar servicios a los pacientes subsidiados, con el argumento de que la cotización no permite cubrir los costos.

Algo similar ha ocurrido con la ley del primer empleo y la formalización de la mano de obra. Su aplicación ha estado condicionada a la retención en la fuente a los trabajadores independientes con salarios superiores a $230.000. Las exenciones tributarias se pretenden cubrir con una mayor tributación a las empresas y los trabajadores. El celo fiscalista nulificó el estímulo laboral. Por eso, en repetidas oportunidades sugerí separar el subsidio a los trabajadores de la tramitación tributaria.

Cuando se aprobó la Regla Fiscal señalé que este acto legislativo, en conjunto con el del año 2001 que limitó las transferencias regionales para la salud y la educación, contradice la idea fuerza de la Constitución. En efecto, el intento de cumplir los derechos sin los recursos adecuados ha resultado en despropósitos totales, como la privatización de la educación, la unificación de los servicios de salud con tarifas discriminatorias y la formalización de la mano de obra a cambio de la retención en la fuente a los trabajadores con menos del salario mínimo.

El panorama descrito es el resultado de la mezcla neoliberal y los programas distributivos. Los esfuerzos gubernamentales en materia social se orientaron a adelantar reformas legislativas que se presentan dentro de grandes despliegues, pero resultan inocuas o absurdas por falta de recursos. En la práctica fiscal, la prioridad está representada en el gasto militar, la infraestructura física, el subsidio a las pensiones y las exenciones al capital. Como había ocurrido en el pasado, la privatización y la austeridad fiscal mal entendida le propinaron un nuevo golpe al Estado Social de Derecho. Se llevaron por delante los derechos a la salud universal, la educación superior y el empleo digno.

La alternativa es acudir al constituyente primario, bien por la vía de la asamblea nacional o del referendo. Hay que avanzar en las reformas requeridas para reducir las desigualdades de la sociedad colombiana y volver a la idea central que establece el gasto social como prioridad de la política fiscal.