La plataforma del Puro Centro Democrático

También es raro que en una cruzada contra la corrupción participe una controvertida personalidad. En efecto, el exministro Londoño, que nunca debió serlo, fue vencido en juicio por una apropiación indebida de activos públicos, que necesitó de falsificación de documento. Hay una larga lista de ministros, embajadores, jefes de seguridad, congresistas y funcionarios asociados con el expresidente que han sido condenados, están siendo juzgados o han sido extraditados por sus vínculos con el paramilitarismo y con el crimen organizado. Hay acá mucha impureza.

El expresidente propone un sistema unicameral que es una seria limitación a la representación regional y nacional y que debilita el Legislativo frente al poder presidencial, que tanto concentró en sus ocho años de mandato. No considera una propuesta del senador John Sudarsky a favor de un sistema de representación uninominal, donde los electores puedan reconocer a su senador y exigirle que defienda sus intereses y no los propios del político. El puro centro es claramente antidemocrático.

A pesar de unirse al coro de la opinión pública contra la reforma judicial, Uribe no objetó que los congresistas pudieran renegar del principio de conflicto de intereses en temas constitucionales. Es que él dio ejemplo al propiciar su interés personal en la compra de los votos para que aprobaran sus reelecciones. Ahora se pueden constitucionalizar también los intereses particulares de congresistas, funcionarios y magistrados.

En el terreno de la economía, Álvaro Uribe otorgó cuantiosas exenciones tributarias para atraer inversionistas extranjeros que hubieran venido de todos modos para apropiar recursos naturales escasos y de elevadas rentas. No quiso aumentar la participación ni la vigilancia de la Nación en los ingresos que generan el oro, el petróleo y el carbón, que no son renovables. Fue una política irresponsable con los contribuyentes y las futuras generaciones.

A pesar de la bonanza externa, el gobierno central hizo un déficit de más de 4% del PIB en 2010, prueba de intemperancia y de imprevisión. A fines de 2004, Uribe quiso liquidar la independencia del Banco de la República, trasladando la política cambiaria al Ministerio de Hacienda, impaciente porque la tasa de cambio había bajado. Afortunadamente, no se atrevió a derribar en ese momento las talanqueras constitucionales que se lo impedían.

La inversión en obras públicas fue una bonanza para los contratistas, pero un castigo para los ciudadanos que tuvimos que sufrir las consecuencias de la corrupción, la desidia y la incompetencia en el diseño y la ejecución de las dobles calzadas que no se terminaron, de los transmilenios con sobrecostos, de los aeropuertos mal diseñados. La vía prioritaria que requería la economía nacional, la autopista Bogotá-Buenaventura, quedó en pañales.

Un país acostumbrado a un nivel moderado de corrupción soportó un aumento en el poder de los grupos privados legales e ilegales que devoraron los presupuestos nacionales, regionales y de la salud. El balance de ocho años de políticas públicas de Uribe resulta entonces negativo; un tercer término presidencial deterioraría más la democracia y sería peor para el desarrollo económico.