Cauca: una pregunta simple e importante

Tal pregunta clama por ser contestada, primero, porque es de sentido común, y segundo, porque si queremos salir del embrollo en el que estamos ya hace décadas alguien dentro del Estado tiene que empezar a preocuparse por entender las razones que minan su legitimidad frente a auditorios específicos. Si el lector se concentra en el balance de los últimos episodios, verá que no es tan difícil encontrarlas: por un lado, el desalojo de las bases militares, a través de un acto que el propio García calificó de “humillación pública”; por el otro, una sistemática criminalización (descalificando a la protesta como simple excrecencia del narcotráfico y las Farc), numerosos heridos y contusos, y un campesino muerto. De éste, casi nadie habló (y a lo máximo, en términos de un “error”). No hay proporcionalidad, ni en la respuesta macro del Gobierno, ni en la manera en que las voces de los distintos actores fueron representadas en los medios de comunicación. Tampoco noto mucha sensibilidad frente a la pérdida de vidas humanas. Francamente, no veo cómo todo el asunto pueda dejar de calificarse como un masivo y traumático acto de exclusión. La rabia no estaba dirigida personalmente contra García, sino contra un montonón de cosas que no funcionan. Y la respuesta automática a esa rabia confirmó todas las prevenciones, en una suerte de (deplorable) profecía autocumplida.

Pero hay más. Como varios comentaristas (entre ellos quien suscribe) resaltaron, estábamos en un escenario en el que, para parafrasear la conocida fórmula de Fouché, se estaba cometiendo a la vez una brutal injusticia y una estupidez. Porque la protesta indígena se dirigía, y se dirige, entre otras cosas, contra las agresiones de las Farc. Claro que las Farc tienen presencia en el territorio. Pero identificar a los indígenas con las Farc es un absurdo monumental, que sugiere un desconocimiento típico de un Estado frágil. Si los indios han pedido el retiro también de la Fuerza Pública es porque ésta atrae al conflicto como un imán, pero en cambio no garantiza la seguridad de la población: ni en relación con la guerrilla, ni con los paramilitares, ni con los abusos de sus propios miembros. Porque así como hay muchos sargentos Garcías, hay muchos miembros de la Fuerza Pública como el Esmad de Suba. Estoy seguro de que algún investigador acucioso podrá salir con las cuentas de cuántos indígenas han sido asesinados, desaparecidos, torturados y violados en, digamos, los últimos 10 años. Mi apuesta: no son pocos. Son muchos. El contraargumento constitucional —necesidad de la presencia de la Fuerza Pública en todo el territorio— es fuerte, pero de pronto las partes, que por fin están negociando, puedan llegar a un acuerdo de veeduría social y seguimiento efectivo de su desempeño a través, por ejemplo, de mesas de trabajo permanentes. Aquí toca usar la imaginación reformista para encontrar soluciones viables a problemas urgentes.

Si a todo lo anterior se le suma la precariedad social y una auténtica crisis de seguridad —la expectativa de que en cualquier momento las Farc puedan bombardear mi casa, digamos—, se entiende fácilmente la exasperación de la población. El hecho de que indígenas y Gobierno estén hablando es muy positivo. Los personeros del Estado que tengan dos dedos de frente entenderán que la vía a largo plazo para la estabilización del Cauca pasa por contestar la pregunta del sargento García, no por la criminalización de la contraparte.