El derecho a la idiotez

Casi una cuarta parte del Congreso cometió un acto de rendición y cobardía ante las autodefensas, y marcó el punto más bajo al que llegó Colombia en la sucia alianza entre clase política y paramilitares. Más de 200 senadores y representantes no asistieron ni aplaudieron, es cierto, y algunos protestaron airadamente (recuerdo a Gina Parody), pero no me olvido de los imbéciles que aplaudieron y abrazaron sonrientes a tres asesinos confesos. Esto ocurrió hace exactamente ocho años (el 28 de julio de 2004) y muchos de quienes aplaudieron hoy están presos, aunque no por ese aplauso, sino por alianzas demostradas con paramilitares.

Tampoco se me olvidan las flores y las fotos de Piedad Córdoba en los palacios de Chávez, sonriendo feliz con tres guerrilleros de las Farc (alias Iván Márquez, Rodrigo Granda y José Santrich), recibiéndoles ofrendas y poniéndose sus boinas negras. En el computador de Raúl Reyes, alias Teodora Bolívar (para algunos la misma Piedad Córdoba) se declara “patria o muerte”, que es la contraseña de los bolivarianos de allá y de acá. Si en Bogotá algunos congresistas se rendían a las Auc, en Caracas se escenificaba un acto de pleitesía de cuño opuesto y por parte de otra congresista: a la guerrilla. También esta me pareció, por lo menos, una idiotez y un acto de sumisión ante otros asesinos.

La cuestión es que ni en un caso ni en el otro (aplaudir, abrazar, recibir flores) es posible acusar a nadie de ningún delito. El gobierno de Uribe les dio el salvoconducto a los paracos para que fueran al Congreso, y el permiso a Piedad Córdoba para que mediara con la guerrilla. Quien se inclina ante los delincuentes se condena a sí mismo ante la opinión pública, pero por ese solo hecho no comete ningún crimen. Sentir simpatía por los criminales, por idiota que sea, no es un delito.

La polémica de hoy es si a Piedad Córdoba la deben meter en la cárcel por sus arengas a los indios del Cauca. Para Alejandro Ordóñez, el procurador, que por fortuna no tiene jurisdicción para procesarla, Piedad Córdoba debería ser juzgada por la Fiscalía por “incitación al delito”. La concepción falangista del Estado y de la política es lo que lleva a monseñor Ordóñez a sostener esta arriesgada tesis, que implantaría en Colombia el delito de opinión. A mí me parecen imbéciles y malignas las arengas de doña Piedad, pues en ellas habla de “bases militares” como si éstas fueran extranjeras, y acusa al Ejército de plantar minas quiebrapatas, cuando quienes lo hacen son sus contrincantes de la guerrilla. Y cuando Córdoba dice que la protesta indígena puede incluso llevar a tumbar al presidente, no veo ningún delito en afirmarlo, pues es lo mismo que pretenden algunos uribistas mediante sus protestas y su insensato activismo constitucional: tumbar a Santos. En lo uno y en lo otro hay imbecilidad, hay fanatismo, pero no hay delito. El mismo procurador, si no fuera procurador, podría convertir su secta religiosa antiaborto en un partido político ultramontano, así estuviera en contra de la ley, pues tiene tanto derecho como cualquier otro a expresar lo que se piensa, por idiota que sea.

Lo peor para la precaria democracia colombiana sería que ahora judicializaran y encarcelaran a alguien por expresar vehementemente su pensamiento. En un país libre todo el mundo tiene derecho a ser idiota. También los columnistas —y me incluyo— escribimos muchas veces idioteces, y por las mismas nos pueden condenar como tontos, pero no condenar a la cárcel. Meter en la cárcel a Piedad Córdoba por lo que dice, sería servirles una mártir en bandeja a las Farc. Y darle al país un nivel de libertades tan precarias como las de Birmania o Corea del Norte.