Otra vez contra Piedad

Lo que Piedad dijo puede o no compartirse, pero de allí a inventarle un delito hay mucho trecho. En mi caso, por ejemplo, no comparto la opinión de prescindir de la Fuerza Pública en ninguna parte de la geografía nacional, pero admito que en el caso de los indígenas, a la luz de los artículos 329 y 330 de la Constitución, hay por lo menos que superar la discusión sobre el alcance de sus potestades en sus territorios.

Me resisto a creer que el Código Penal convierta a alguien en delincuente por sostener que “no queremos más guerra, no queremos bases militares y sobre todo no queremos que desprecien a la comunidad con el argumento de una base militar, que se gasta la plata de los impuestos en una guerra que la gente no quiere y no necesita”. Y me niego a aceptar que quien invite a una “toma pacífica” sea un criminal; o que tenga que pudrirse en una cárcel por pedir el hundimiento de la inmoral reforma a la justicia, como si el propio Gobierno, después de todas las indelicadezas que propició y consintió, no la hubiese sepultado cuando sintió pasos de animal grande de un referendo. No es forajido quien quiera la revocatoria del mandato del presidente o de los parlamentarios, porque ese mecanismo de participación ciudadana está previsto en la Carta Política. Tampoco puede ser bandido quien incurra en la exageración de enrostrarle a la Fuerza Pública sembrar minas, menos si lo hace al calor y en el contexto de una protesta social.

Si todo eso fuese delito, pues que prohíban hablar mal de la Fuerza Pública y de paso que amurallen el país y nos quemen a quienes creemos que la guerra debe parar, o que los recursos del erario no deben gastarse más en ella, o que la reforma inmoral de la justicia debía hundirse, y que lo hagan en las hogueras de ese uribismo represor que respira el tambaleante ministro de Defensa.

Que el procurador y el mediocre parlamentario Augusto Posada —por cierto perseguidor— apoyen al ministro Pinzón, en vez de otorgarle la razón, desnuda el nuevo atropello que se quiere perpetrar más que a Piedad a la democracia misma. Ministro, procurador y congresista se han valido de la infame estrategia que en la ultraderecha da dividendos, de denigrar y linchar públicamente a la exsenadora, porque es negra, abortista, defensora de los derechos humanos, contestataria, y sobre todo porque tiene la berraquera, que no se le ve al jefe del Partido Liberal, Simón Gaviria, quien otra vez dio muestras de su precario respeto a la doctrina tolerante del partido que comanda.

A Pinzón, Ordóñez y Posada no les importan las arengas inflamadas del Héroe de Invercolsa, Fernando Londoño, o el discurso de Uribe en El Nogal, en los que se invitó a la milicia a desobedecer al Gobierno, a través de subliminales discursos de tinte totalitario. Pero, claro, Londoño y Uribe, son de la casa, y ellos tienen licencia para lo que sea; en el Gobierno porque les temen, y ante el procurador, porque los necesita para reelegirse y para nombrar a varios de sus amigos en la Corte Constitucional y en las demás altas cortes.

El fiscal Montealegre tiene una oportunidad singular de demostrar cuál es su formación como jurista y cuáles sus convicciones como humanista. Ojalá entierre la temeraria denuncia contra Piedad, con la que el Gobierno, que atraviesa su peor hora en las encuestas, aspira a criminalizar la protesta y recobrar las mayorías que jamás recuperará, así le de la vuelta al mundo con sus vacilantes ministros, casi todos deudores y herederos de Uribe.

Adenda No. 1. No dudo que el vicepresidente le dijo a un senador uribista que apoyaba la constituyente, ni tampoco que a Santos le expresó lo contrario. Ese es Garzón.

Adenda No. 2. Solidaridad y respaldo total a Noticias Uno ante el brutal ataque de Petro y Diego Bravo, con el que respondieron las contundentes informaciones sobre la contaminación del agua, que siguen en mora de aclarar.

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