Opinión |2 Ago 2012 - 12:21 am
Un Estado ahogado en demandas necesita reformas
Por: Ana Milena Muñoz de Gaviria
Cada día al leer los periódicos encontramos una o más noticias relacionadas con las demandas al Estado colombiano. Hoy encuentro en El Espectador dos titulares sobre indígenas: “Piensan demandar al Estado por retoma del cerro Berlín”, “Demanda de exsenador García contra el Estado es por 36 millones de euros”.
No es el caso juzgar si son justas o no: la ley está para eso. Pero creo que se han venido estableciendo prácticas que, ante la debilidad del Estado, se utilizan más y más.
Están las demandas comunes, las de obras públicas. Una práctica corriente son las de los reajustes de obras, o si el contrato se termina, demandan y casi siempre es el Estado el que pierde y la obra, en muchos casos, no se hace y la plata va para el contratista. Generalmente o se arreglan los reajustes o demandan. En este sentido hay un problema que hay que revisar con la Ley de Contratación.
Las demandas por derechos, por ejemplo. Las demandas por seguridad, el derecho a la vida y la protección y defensa de sus ciudadanos. Están los indígenas del cerro Berlín, pero está el intento de demanda de Íngrid Betancur.
Algo está mal, efectivamente, el Estado es incapaz de responder por la seguridad de todos los colombianos. El tema de la inseguridad, o se ataca con la seguridad institucional del Estado, o se paga en demandas.
Otra demanda usual es la de los derechos a la salud. Ahí hay mucha tela que cortar y una reforma a la salud es necesaria para hacer que lo ideal se vuelva real. En el caso de las pensiones es absurdo lo que pasa, pues claramente es un derecho totalmente adquirido y es ahí el Estado el que generalmente las demora uno, dos o tres años, como una práctica usual, pues Hacienda no entrega recursos y la gente demanda porque no tiene cómo vivir sin un ingreso y sin su pensión.
Igualmente, están aquellos que demandan por indemnizaciones, en muchos casos excesivas, o también están aquellos que, siendo investigados o retirados de sus cargos, contraatacan demandando al Estado.
Fernando Carrillo, director de la Agencia para la Defensa de la Nación, ha llegado en un buen momento y manifiesta que hay pretensiones por más de $1.200 billones, equivalentes a 22 millones de pesos por cada colombiano o a cuatro veces el presupuesto nacional.
Es claro y necesario atender a las demandas, pero también resultaría muy útil emprender las reformas que definan claramente los derechos que cubre el Estado y los que no, y la forma en que se contrata y se indemniza a las personas.
Igualmente, es necesario definir las responsabilidades de algunos funcionarios públicos que toman las decisiones que llevan a las demandas. Finalmente, y ante todo, un Estado ahogado en demandas necesita reformas.
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Ana Milena Muñoz | Elespectador.com
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