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Opinión |3 Ago 2012 - 10:00 pm
Coyuntura excepcional para reformar la salud
Por: Fernando Galindo G.
Los factores convergentes que favorecen esta oportunidad coinciden con la concepción de la moderna gobernabilidad, que describe “el proceso social de decidir los objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos, bajo modalidades de asociación-coproducción-interdependencia entre el Gobierno y las organizaciones privadas y sociales” (Vallejos Romero A., et al., Diferenciación funcional y sociedad civil: reflexiones para una nueva gobernación en América Latina, Interações (Campo Grande) 2009, vol. 10, Nº 2).
I. La sociedad civil funcionalmente organizada. Está representada por las organizaciones profesionales del sector: Academia Nacional de Medicina, Federación Médica Colombiana, Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, Colegio Médico Colombiano, Asociación Médica Sindical, que trabajan conjuntamente en la redacción de un marco legal para el nuevo sistema de salud. Por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, la que después de haber diagnosticado por varios años el fallido modelo de la Ley 100, ha formulado un llamado a la acción para el cambio del sistema. Por las universidades colombianas, que han aportado documentos que enriquecen el ideario. Por los medios de comunicación y las redes sociales, que difunden diariamente el reclamo de la ciudadanía por esta inaplazable reforma.
II. Las entidades del Estado. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Contraloría, la Procuraduría, la Auditoría y La Defensoría del Pueblo se han pronunciado en diversas instancias sobre los problemas inherentes al sistema imperante de aseguramiento privado y definen doctrinariamente que, en la reforma que se adopte, el derecho constitucional a la salud debe tener absoluta vigencia. La Sala Plena del Consejo de Estado, al rechazar el impedimento presentado por el fiscal Montealegre para el caso de Saludcoop, por improcedente, exige de esta entidad imparcialidad y objetividad en la investigación y acusación sobre los delitos de corrupción en la salud.
III. El Congreso de la República. Luego del desprestigio a que se hizo acreedor el órgano legislativo del poder público con la reforma a la justicia, podría reivindicarse si, en cumplimiento de las obligaciones propias de la investidura de las respectivas cámaras, se tramitan los proyectos que se presentarán en esta legislatura sobre la reforma a la salud, buscando sólo el bien común de los colombianos. ¿Sería mucho pedir?
IV. El Gobierno Nacional. El presidente Santos al anunciar las medidas de emergencia para apaciguar la crítica situación de la salud y de los hospitales, agregó que “a más largo plazo se formularán soluciones estructurales, discutiendo y concertando” con los diversos actores del sector. En la instalación de la legislatura ordinaria el 20 de julio enfatizó: “Sabemos que el sistema actual no está funcionando bien y por eso necesitamos cambios de fondo”.
Si el presidente acoge con estrategia política las propuestas de la sociedad civil funcionalmente organizada para reformar la salud, logrará un sitial histórico reconocido por sus conciudadanos en el inmediato futuro.
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Fernando Galindo G. | Elespectador.com
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